La jueza federal del Distrito de Columbia, Tanya Chutkan, ha decidido cerrar el caso contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, relacionado con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La decisión llegó tras una petición del fiscal especial Jack Smith, quien solicitó la desestimación del caso. Smith justificó su solicitud en base a la normativa del Departamento de Justicia que impide procesar a un presidente en ejercicio. Aunque la decisión actual se limita al asalto al Capitolio, se espera que en las próximas horas se resuelva también el caso sobre el manejo de documentos confidenciales en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida.
El fiscal especial había solicitado la desestimación de dos acusaciones: una por el asalto al Capitolio, y otra por la presunta retención de documentos confidenciales tras la salida de Trump de la Casa Blanca en 2021. Según Smith, el Departamento de Justicia sostiene una política categórica que prohíbe procesar a presidentes en funciones, independientemente de la gravedad de los delitos o de la solidez de las pruebas. Por esta razón, Smith solicitó que la acusación por los eventos del 6 de enero se desestimara sin perjuicio, lo que permite la posibilidad de retomar el caso en el futuro si las circunstancias cambian.
Proceso legal
La decisión judicial se produce después de un largo proceso legal que ha durado casi dos años y en el que Trump se ha defendido de varias acusaciones relacionadas con sus esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que perdió frente a Joe Biden. A pesar de que la victoria electoral reciente de Trump le otorga una posición de inmunidad antes de asumir el cargo el 20 de enero, su historial judicial sigue siendo complejo. En mayo, se convirtió en el primer expresidente en ser declarado culpable en un caso penal por la falsificación de documentos relacionados con pagos a Stormy Daniels, aunque la sentencia de ese caso sigue sin fecha definida.
El caso de los documentos confidenciales también experimenta un cambio significativo. La jueza federal Aileen Cannon, del Undécimo Tribunal de Apelaciones, había desestimado las acusaciones por la retención ilegal de documentos en la residencia de Trump en Mar-a-Lago. Sin embargo, la fiscalía tenía intenciones de apelar esa decisión hasta la solicitud reciente de Jack Smith de retirar el caso. A diferencia de Trump, sus colaboradores Waltine Nauta y Carlos de Oliveira seguirán enfrentando cargos por su presunta implicación en la manipulación de estos documentos.
Medios estadounidenses han indicado que Jack Smith podría renunciar antes de la toma de posesión de Trump en enero. La reciente victoria electoral del magnate parece estar allanando su panorama legal, permitiéndole dejar atrás varios casos que habían amenazado su carrera política.