El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció este martes que las fuerzas armadas de Estados Unidos llevaron a cabo tres ataques en el este del Pacífico en los que hundieron cuatro embarcaciones sospechosas de traficar drogas; el Gobierno estadounidense atribuye a estas acciones la muerte de 14 personas y la existencia de un superviviente rescatado por autoridades mexicanas. La Casa Blanca y el Pentágono sitúan estas operaciones dentro de una campaña más amplia que, según sus datos, ha causado ya 57 víctimas mortales en 13 incidentes divulgados desde septiembre.
Hegseth afirmó que los buques habían sido “detectados e identificados” por capacidades de inteligencia y transitaban por rutas habituales de narcotráfico cargadas de estupefacientes; el secretario comparó a quienes operan esas lanchas con organizaciones terroristas y defendió las operaciones como medidas necesarias para cortar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. El Pentágono no ha publicado públicamente pruebas detalladas que vinculen cada objetivo con organizaciones concretas, lo que ha alimentado interrogantes sobre transparencia y legalidad.
Cruces geopolíticos
La campaña ha provocado reacciones cruzadas en Washington y en la región. Legisladores —incluidos algunos republicanos— han expresado preocupación por la falta de supervisión del Congreso y por la base jurídica que autoriza ataques letales en alta mar contra civiles sospechosos de narcotráfico. Expertos legales y organismos internacionales han pedido aclaraciones sobre los criterios empleados para identificar objetivos y sobre las salvaguardias destinadas a minimizar daños a civiles.
En América Latina, la iniciativa ha tensado las relaciones con gobiernos vecinos. Bogotá y Caracas han mostrado inquietud: en algunos sectores se interpreta la presión militar creciente como una acción que excede la lucha contra el narcotráfico y que podría influir en la estabilidad política regional. Washington rechaza las acusaciones de intención desestabilizadora y sostiene que su objetivo principal es interrumpir las rutas y redes que envían drogas a Estados Unidos.
El despliegue naval y aéreo que acompaña la campaña —incluido un mayor número de buques y aeronaves en la región— sugiere que la Administración del presidente Donald Trump considera la acción como una política sostenida y escalable. Mientras el Ejecutivo reafirma su línea dura contra el narcotráfico, persisten dudas sobre la proporcionalidad de las medidas y sobre cómo se evaluará su eficacia a largo plazo para reducir el flujo de estupefacientes sin provocar nuevas tensiones internacionales.
