Las relaciones entre Francia y Argelia atraviesan uno de sus peores momentos desde la independencia del país magrebí en 1962. La reciente expulsión recíproca de 24 diplomáticos y personal consular ha marcado un nuevo hito en el deterioro progresivo de los lazos bilaterales, que se han visto afectados en los últimos meses por una serie de decisiones políticas, judiciales y diplomáticas.
El origen inmediato de esta nueva escalada se sitúa en el reconocimiento por parte del presidente francés, Emmanuel Macron, del plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental, una postura frontalmente opuesta a la de Argel, que defiende la autodeterminación saharaui. Esta divergencia ha desatado un efecto dominó en la relación entre ambas capitales, con intercambios de acusaciones, llamados a consultas de embajadores y declaraciones cruzadas que han ido acrecentando la tensión.
El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, atribuyó a Argelia la responsabilidad de haber elegido “la escalada”, mientras el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, calificaba la situación del Magreb como “una partida de ajedrez” en la que su país se ve obligado a responder a actos considerados hostiles. Tebboune también reprochó a Macron su alineamiento con las “pretensiones expansionistas de Marruecos”, evocando incluso las heridas abiertas de la guerra de independencia y los conflictos fronterizos posteriores.
Puntos de fricción
La situación se ha agravado por factores adicionales, como la negativa de Francia a extraditar al activista Amir Boukhors, conocido como Amir DZ, reclamado por Argel por delitos de fraude y terrorismo. Su secuestro temporal en París, en un caso que implicó a un empleado del consulado argelino, se interpretó en Francia como un ejemplo de injerencia intolerable. Paralelamente, la condena al escritor franco-argelino Boualem Sansal por “subvertir la integridad del Estado” y el atentado cometido en febrero en Mulhouse por un ciudadano argelino —que según las autoridades francesas no pudo recibir repatriación pese a múltiples solicitudes— han añadido combustible a la crisis.
Acuerdo migratorio
El Gobierno francés ha dejado entrever su intención de revisar el acuerdo migratorio de 1968, que otorga un estatus privilegiado a los ciudadanos argelinos en territorio francés. Esta posibilidad ha generado inquietud en Argelia, donde se percibe como una presión adicional en un contexto ya enrarecido.
En el trasfondo, figuras como el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, han sido señaladas por medios argelinos como responsables del endurecimiento de la postura gala. Su discurso contra la inmigración irregular y su retórica contundente hacia Argelia contrastan con los intentos de Macron por reconciliarse con el pasado colonial francés, escenificados en la visita de 2022 y en la firma de la Declaración de Argel junto a Tebboune.
Aquel espíritu de reconciliación parece hoy muy lejano. La relación entre Francia y Argelia, marcada durante décadas por la historia común, los flujos migratorios y los intereses geoestratégicos, se encuentra en una encrucijada con implicaciones que trascienden el plano bilateral. El deterioro de los vínculos afecta no sólo al equilibrio del Magreb, sino también al contexto europeo y mediterráneo, donde ambos países han desempeñado tradicionalmente un papel clave.
