La megaoperación policial desplegada en Río de Janeiro esta semana, la más letal en la historia de la ciudad, ha dejado al menos 132 personas muertas, incluidos cuatro agentes, según confirmó la Defensoría Pública regional. El gobernador del estado, Cláudio Castro, calificó la ofensiva como un “éxito” tras reunirse con la cúpula de seguridad y con aliados políticos para evaluar los resultados del operativo contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más antiguas y violentas de Brasil.
La llamada Operação Contenção, que movilizó a unos 2.500 agentes en las favelas de Penha y Alemão, buscaba capturar a líderes del grupo criminal. Sin embargo, la magnitud de la violencia desatada ha reavivado el debate sobre el modelo de seguridad pública en Río y el papel del Estado en las comunidades más vulnerables. Testimonios de residentes y observadores de derechos humanos señalan que la operación derivó en un alto número de víctimas civiles y en denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
Vecinos de la favela relataron escenas de caos y desesperación durante la madrugada. A falta de apoyo institucional, fueron los propios habitantes quienes se organizaron para recuperar los cuerpos de las víctimas. “El Estado nos abandonó hace mucho tiempo y nos volvió a abandonar después de esta matanza”, afirmó Rayune Díaz Ferreira, una residente de Penha que busca a su primo desaparecido. La abogada Thais Loredo, del Instituto Anjos da Liberdade, aseguró que varios cuerpos presentaban signos de tortura, aunque las autoridades aún no han emitido un informe oficial sobre las causas de muerte.
Fuerte presencia policial
Las imágenes difundidas por medios locales mostraron decenas de cuerpos cubiertos en las calles y trasladados después al Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto. La presencia policial se mantiene en la zona, donde los comercios permanecen cerrados y los servicios públicos funcionan de manera irregular.
La operación, concebida como una ofensiva directa contra el crimen organizado, refleja la estrategia de Castro de reforzar la respuesta militarizada frente a las bandas armadas. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que la escalada de violencia podría agravar la desconfianza entre el Estado y las comunidades periféricas. En un contexto de tensiones políticas y sociales, el futuro de la seguridad pública en Río de Janeiro vuelve a situarse en el centro del debate nacional.
