En una maniobra política sorpresiva, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decidido disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones generales anticipadas. La decisión llega en medio de un juicio político en su contra y con el fin de “responder a la crisis política que tiene entrampado a Ecuador”, según palabras del propio Lasso. Este recurso legal, denominado “muerte cruzada”, se contempla en la Constitución ecuatoriana de 2008, y permite al presidente gobernar por medio de decretos hasta que un sucesor asuma el cargo.
Lasso defendió su decisión en un mensaje a la nación, señalando la “grave conmoción interna y política” que atraviesa el país. El mandatario utilizó la figura de la “muerte cruzada” para disolver la Cámara y evitar un debate y votación parlamentaria que, de acuerdo con él, tendría como objetivo destituirlo del cargo. La aprobación de tal moción de censura requeriría 92 votos, equivalentes a dos tercios de la Asamblea Nacional.
Foco en la oposición
El presidente ha sido categórico al afirmar que la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, ha trabajado por desestabilizar su Gobierno, la democracia y el estado ecuatoriano. Asegura que la actividad parlamentaria no se ha enfocado en la fiscalización sino en la obstrucción, impidiendo así el avance de Ecuador.
La decisión presidencial llega después de haber comparecido ante el Parlamento para defenderse de las acusaciones formuladas por la oposición, en un juicio político que le atribuye presunta malversación de fondos públicos durante sus dos años de gobierno. Lasso ha insistido en su inocencia, sosteniendo que no existen pruebas en su contra y que siempre ha buscado soluciones constitucionales y legales a los problemas del país.
“Muerte cruzada”
La oposición, por su parte, cuestionó la decisión de Lasso, considerando la “muerte cruzada” como una acción ilegal. El expresidente Rafael Correa, una de las voces más destacadas de la oposición, afirmó desde Bélgica que lo que Lasso hace es ilegal, ya que “obviamente no hay ninguna conmoción interna” sino un juicio político en marcha.
Ahora, Guillermo Lasso enfrenta un juicio político, el primero contra un presidente desde que se aprobó la Constitución de 2008. Se le acusa de no haber actuado contra una red de corrupción relacionada con un contrato público del Gobierno anterior. Su destino se decidirá en los próximos cinco días.
