La lucha contra la corrupción, piedra angular del compromiso europeo de Ucrania desde la revolución de 2014, atraviesa uno de sus momentos más delicados. Una serie de decisiones recientes del Gobierno de Volodímir Zelenski, que incluyen operaciones policiales contra agencias independientes, reformas legales regresivas y el nombramiento de aliados políticos en puestos clave, ha provocado un aluvión de críticas desde la sociedad civil ucrania, la oposición parlamentaria y los principales socios internacionales del país.
El detonante ha sido una redada del Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU), coordinada con la Fiscalía General, que registró más de 80 domicilios y oficinas de funcionarios de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y de la Fiscalía Anticorrupción (SAPO), organismos autónomos según la legislación vigente.
Advertencias internacionales
Un alto cargo fue detenido bajo acusaciones de colaborar con Rusia, extremo que tanto NABU como representantes del G-7 niegan con firmeza. Las potencias occidentales han reaccionado con preocupación. Los embajadores del G-7 emitieron un comunicado conjunto en el que alertan sobre “la posible erosión de la independencia institucional y del buen gobierno”.
La controversia se amplificó al vincularse estas acciones con el caso de Vitali Shabunin, reconocido activista anticorrupción y fundador del Centro de Acción contra la Corrupción (ANTAC), detenido recientemente por supuestas irregularidades en su servicio militar. Un centenar de ONG ucranianas consideran el proceso una represalia política y exigen su liberación.
La tensión ha aumentado con la aprobación parlamentaria, este martes, de una ley que otorga al fiscal general —cargo actualmente en manos de Ruslan Kravchenko, cercano a Zelenski— poderes decisivos sobre las investigaciones de NABU y SAPO. Transparencia Internacional ha calificado el cambio como un “vuelco catastrófico” que pone fin a una década de avances. Dentro del propio partido presidencial, Servidor del Pueblo, han surgido voces disidentes. La diputada Anastasia Radina lamentó que la votación suponga la “destrucción virtual” de las agencias anticorrupción.
“Vuelco catastrófico”.
La Comisión Europea, a través de su portavoz Guillaume Mercier, expresó “preocupación” por los hechos recientes y recordó que la credibilidad reformista de Ucrania es clave para su proceso de integración en la Unión Europea. La embajadora comunitaria en Kiev, Katarina Mathernova, instó a preservar los logros obtenidos “mientras el país se defiende de la agresión rusa”.
Desde 2019, Zelenski ha cimentado un control político sin precedentes en Ucrania, apoyado en su mayoría parlamentaria y en el contexto bélico. Aunque llegó al poder con un mandato explícito de lucha contra la corrupción, diversas voces acusan a su administración de avanzar hacia una concentración de poder que debilita los contrapesos institucionales. El rechazo presidencial a la ratificación de Oleksandr Tsivinski como jefe del BEB, pese a su elección conforme a estándares internacionales, se interpreta en esta línea.
A las puertas de nuevas negociaciones para la adhesión a la UE, Ucrania se enfrenta a una paradoja: mientras exige unidad y apoyo frente a la invasión rusa, se multiplican los indicios de regresión institucional. La respuesta de Bruselas y de otras capitales aliadas, hasta ahora contenida, podría tornarse más crítica si se consolidan tendencias que amenacen el marco democrático y de reformas en el que se ha sustentado la cooperación internacional con Kiev.
