El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asumido un tercer mandato de seis años en medio de fuertes cuestionamientos internacionales por la legitimidad de las elecciones que lo llevaron al poder. La oposición, liderada por María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González, ha denunciado este acto como un «golpe de Estado» y ha reiterado que los resultados electorales fueron manipulados por un sistema controlado por el chavismo. La ceremonia de investidura se adelantó inesperadamente, lo que se ha interpretado como un intento de evitar que González realizara un acto simbólico de juramentación en suelo venezolano.
Maduro prestó juramento ante el Parlamento, acompañado de figuras clave del régimen, incluido Jorge Rodríguez, en un acto marcado por el aislamiento regional. Solo los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Nicaragua, Daniel Ortega, asistieron, en contraste con la ausencia de líderes progresistas como Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, quienes han criticado el proceso electoral venezolano. La desconfianza internacional ha crecido tras el rechazo del Consejo Nacional Electoral (CNE) a mostrar las actas que avalarían los resultados, mientras la oposición asegura contar con documentos que otorgan el triunfo a González con el 67% de los votos.
Protestas en el país
La oposición ha intensificado sus protestas en el país, pese a las represalias del régimen, como detenciones arbitrarias y un fuerte despliegue militar. María Corina Machado, tras participar en una manifestación en Caracas, denunció un breve arresto por parte de las autoridades chavistas. Mientras tanto, González, refugiado en República Dominicana, aseguró que su retorno es inminente y necesario para asumir la presidencia.
La presión internacional también ha escalado. La Unión Europea anunció nuevas sanciones contra 15 altos funcionarios chavistas, incluyendo magistrados del Tribunal Supremo y miembros del CNE. Por su parte, Estados Unidos aumentó a 25 millones de dólares la recompensa por información que facilite la captura de Maduro o Diosdado Cabello. Esta recompensa subraya la creciente percepción de Venezuela como un estado autoritario liderado por figuras acusadas de corrupción y violaciones de derechos humanos.
