Ceuta vive este 30 de julio de 2026 la crisis migratoria más grave de su historia reciente. Más de 20.000 personas, según las primeras estimaciones policiales, han cruzado la frontera desde Marruecos a lo largo del día, la mayoría a nado o bordeando el espigón del Tarajal, desbordando por completo los recursos de la ciudad autónoma y generando una cadena de reacciones diplomáticas y políticas sin precedentes.
El escenario que describe Ceuta a última hora de la tarde es de colapso. El Barrio del Príncipe, colindante con la frontera, aparece tomado por grupos de jóvenes magrebíes mientras los vecinos permanecen encerrados en sus casas con las ventanas cerradas. Diez cuerpos han sido recuperados del mar en las últimas 24 horas. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes supera ampliamente su capacidad con más de 700 residentes en unas instalaciones previstas para 512 plazas, mientras cerca de 800 personas acampan en sus inmediaciones.
Italia amenaza con suspender Schengen y España convoca al embajador
La dimensión internacional de la crisis escaló con rapidez. La primera ministra italiana Giorgia Meloni confirmó a última hora que su Gobierno estudia suspender el acuerdo de libre circulación de Schengen con España, una medida impulsada por sus socios de Gobierno Antonio Tajani y Matteo Salvini. La respuesta española llegó desde el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que convocó al embajador italiano y calificó el planteamiento de «impropio» y de «demagogia partidista», vinculando los hechos a una sentencia judicial y no a la política migratoria del Ejecutivo. Una explicación que no convence a sus socios europeos.
Desde Washington, la portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly fue aún más directa y responsabilizó al Gobierno español de lo ocurrido, citando sus «políticas globalistas de extrema izquierda» como causa de la crisis. La Comisión Europea, por su parte, ofreció reforzar la presencia de Frontex en Ceuta y reclamó a Marruecos «medidas inmediatas».
El Gobierno de Sánchez, entre la pasividad y la gestión tardía
El presidente Pedro Sánchez anunció que viajará mañana a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y coordinar la respuesta. Mientras tanto, el Ejecutivo desplegó refuerzos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército, y alcanzó un acuerdo con Marruecos para la entrega urgente de quienes han entrado ilegalmente.
Pero la imagen que dejó el Gobierno fue la de una respuesta tardía y reactiva. El Ministerio del Interior rechazó durante horas declarar la emergencia nacional solicitada de forma unánime por la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, incluyendo al PSOE local. Grande-Marlaska llegó incluso a agradecer la «colaboración» de Marruecos mientras policías y guardias civiles denunciaban en público que las autoridades marroquíes habían «levantado de facto el veto a las salidas» y no hacían «absolutamente nada» para frenar el flujo.
La oposición no tardó en cargar. Alberto Núñez Feijóo exigió recuperar el control efectivo de la frontera y recordó que el ordenamiento jurídico prevé «instrumentos excepcionales» para situaciones como esta. El trasfondo de la crisis apunta a una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente para migrantes que llegan a nado, y que tanto Marruecos como redes de tráfico habrían aprovechado para organizar el cruce masivo, según distintas fuentes policiales y sindicales. La jornada dejó también diez muertos en el mar y una ciudad paralizada por el miedo.
