El conservador Nasry Asfura ha sido proclamado presidente electo de Honduras tras un proceso electoral marcado por un escrutinio prolongado, disputas institucionales y una elevada presión internacional. La ajustada victoria, con una diferencia inferior a un punto porcentual frente al liberal Salvador Nasralla, abre una nueva etapa política en el país centroamericano bajo un clima de desconfianza interna y con una clara atención externa, especialmente desde Washington.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó el resultado con el 99,93 % de las actas contabilizadas. Asfura, candidato del Partido Nacional y respaldado de forma explícita por Donald Trump, obtuvo el 40,2 % de los votos, mientras que Nasralla alcanzó el 39,5 %. La proclamación se produjo sin consenso entre los tres consejeros del organismo, lo que ha acentuado la percepción de fragilidad institucional en un país con antecedentes de crisis poselectorales.
Rechazo de Nasralla
Nasralla ha rechazado el resultado y ha denunciado lo que considera una vulneración de la voluntad popular. Sus declaraciones y movilizaciones posteriores reflejan un escenario de polarización que trasciende el corto plazo electoral y plantea interrogantes sobre la gobernabilidad futura. Desde el oficialismo saliente, sectores vinculados a Libre han calificado la proclamación como una imposición externa, reforzando un discurso de confrontación con Estados Unidos y con los partidos tradicionales.
El proceso de recuento, que incluyó la revisión voto a voto de miles de actas con supuestas inconsistencias, se prolongó durante semanas entre retrasos técnicos, bloqueos políticos y protestas en la calle. Observadores internacionales presionaron para cerrar el escrutinio y evitar una deriva de mayor inestabilidad. En este contexto, Estados Unidos elevó el tono y advirtió de posibles consecuencias si el CNE no completaba el proceso, una posición que subrayó su peso en la resolución del conflicto electoral.
Desafíos internos y externos
Tras la proclamación, Asfura ha adoptado un tono institucional y ha prometido gobernar para todo el país. El respaldo inmediato de Washington y de la Unión Europea refuerza su legitimidad externa, aunque el desafío principal se sitúa en el plano interno: recomponer la confianza en las instituciones, gestionar una oposición que no reconoce el resultado y garantizar una transición sin sobresaltos.
La presidenta saliente, Xiomara Castro, ha reiterado que completará su mandato conforme a la Constitución, mientras la Organización de Estados Americanos prepara un informe sobre el proceso. Más allá del resultado concreto, las elecciones hondureñas dejan al descubierto tensiones estructurales en el sistema político y confirman la centralidad de Honduras en la pugna geopolítica por la influencia en Centroamérica.
