A un año de que concluya su actual mandato, Daniel Ortega ha anunciado que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones. El presidente nicaragüense lo hizo durante un acto multitudinario en Managua para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, y lo expresó sin ambages: el objetivo es evitar que la oposición «atrape el Gobierno». Con esa declaración, el autócrata sepulta formalmente cualquier posibilidad de alternancia política y confirma su intención de perpetuarse en el poder junto a su esposa, Rosario Murillo.
«Se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, vuelvan a llegar al Gobierno. Jamás, jamás», aseguró Ortega. «¡Que se olviden! Aquí no volverá a haber elecciones». El mandatario anunció además que impulsará reformas legales junto al Parlamento para levantar, en sus propias palabras, «un muro» frente a los grupos opositores, a quienes calificó de «golpistas» y «vendepatrias».
Ortega, de 80 años, lleva gobernando Nicaragua desde 2007. En todo ese tiempo ha conducido al país por una profunda involución democrática. El deterioro se aceleró en 2018, cuando reprimió con dureza una oleada de protestas antigubernamentales que dejó más de 300 muertos según organismos de derechos humanos. En 2022 asumió su cuarto mandato consecutivo tras unos comicios boicoteados por una oposición hostigada y criminalizada, en un contexto en el que el régimen también persigue a las ONG, la prensa libre y la Iglesia católica.
El poder, blindado por ley
El año pasado, Ortega impulsó una reforma constitucional que dinamitó la separación de poderes y otorgó control absoluto al presidente y a Murillo, cuyo mandato conjunto se extendió de cuatro a seis años. La ONU, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y la Unión Europea rechazaron ese cambio, pero sus condenas no frenaron nada. Ahora Ortega da un paso más: eliminar de raíz cualquier resquicio institucional por el que pudiera colarse la oposición.
Mientras tanto, la represión interna no cede. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Nicaragua mantiene cerca de 50 presos políticos, once de ellos en paradero desconocido. El régimen ha despojado de la ciudadanía a casi 550 personas y ha clausurado más de 5.600 organizaciones no gubernamentales, 29 universidades y 58 medios de comunicación.
Triste balance para un dirigente que dedicó su juventud a derrocar la dictadura de la familia Somoza. Del sueño revolucionario sandinista no queda rastro: lo que prometía ser una utopía emancipadora ha derivado en una pesadilla totalitaria de manual.
