El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. La orden también incluye a Mohamed Deif, líder militar de Hamás, a quien Israel considera fallecido. La acusación señala la responsabilidad de ambos dirigentes israelíes en acciones desde el 8 de octubre de 2023, un día después del ataque de Hamás a Israel. El TPI alega que el gobierno israelí privó a la población civil de Gaza de recursos esenciales, lo que constituye un crimen de guerra. Los jueces del tribunal, basándose en las pruebas presentadas por el fiscal Karim Khan, han concluido de forma unánime que existen «motivos razonables» para estas acusaciones.
La respuesta internacional ha sido diversa. Estados Unidos, un aliado clave de Israel, rechazó enérgicamente la decisión. Un portavoz de la Casa Blanca cuestionó la rapidez y la precisión del proceso judicial, considerándolo una medida apresurada. De igual modo, Hungría, representada por su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, calificó la decisión del TPI como «absurda». En contraste, la Unión Europea, a través de su jefe diplomático Josep Borrell, instó a respetar y ejecutar la orden de arresto contra Netanyahu, insistiendo en que se trata de una decisión basada en la justicia, no en la política.
Contexto geopolítico
El Tribunal Penal Internacional no cuenta con una fuerza policial propia, por lo que depende de la cooperación de los Estados miembros para llevar a cabo las detenciones. Países como los Estados Unidos, China y Rusia no reconocen la jurisdicción del TPI, complicando la aplicación de sus decisiones. En cambio, otras naciones europeas, como Países Bajos, han indicado el arresto inmediato a Netanyahu si pisara su territorio. La situación genera incertidumbre sobre la efectividad de las órdenes de arresto en un contexto de tensiones geopolíticas y divisiones internacionales.
La decisión también incluye acusaciones contra Mohamed Deif, a quien los jueces atribuyen crímenes graves, como asesinato, tortura y secuestro. Aunque informes israelíes aseguran que Deif murió recientemente, la Fiscalía del TPI no considera esas pruebas concluyentes. Hamás no ha confirmado ni negado la muerte de su líder militar, manteniendo la incertidumbre sobre su estado actual.
Indignación en Israel
En Israel, la orden de arresto ha provocado indignación. Netanyahu criticó duramente al TPI, comparándolo con el caso histórico del capitán francés Alfred Dreyfus, sugiriendo que la decisión está motivada por prejuicios antisemitas. Además, aseguró que la medida del tribunal no influirá en su estrategia militar en Gaza, calificándola como «una guerra justa». El actual ministro de Defensa, Israel Katz, siguió la línea de Netanyahu, calificando la decisión del TPI como un ataque contra la soberanía israelí influido por intereses hostiles, señalando a Irán como el principal beneficiario. Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, lamentó que el tribunal apoye lo que él considera «terrorismo» en lugar de «democracia y justicia».
El TPI, creado en 2002, tiene la función de investigar y procesar a los responsables de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional. La acusación contra altos cargos israelíes marca un precedente, dado que hasta ahora las cortes internacionales rara vez han imputado a figuras de países occidentales o aliados. Para Reed Brody, experto en derecho internacional, esta decisión representa un «hito histórico», ya que rompe con esa tendencia.
