Doce meses después de relanzar el lema “América Primero”, Donald Trump ha tensado varios pilares de la arquitectura internacional que Estados Unidos ayudó a construir tras la Segunda Guerra Mundial. La presión se nota en dos frentes especialmente sensibles para Washington: la cohesión de la OTAN y la gobernanza política del continente americano, que la Casa Blanca presenta ahora como su prioridad exterior. En este marco, América funciona como un banco de pruebas de una política más transaccional, con incentivos para socios afines y castigos para gobiernos que se resisten a su agenda.
La secuencia más reciente combina diplomacia y coerción. Tras una reunión en la Casa Blanca con los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, Trump mantuvo su interés en la anexión de la isla ártica, según el relato de esas conversaciones. Días después, anunció aranceles de hasta el 25% dirigidos a ocho países de la OTAN que participan en maniobras militares vinculadas a Groenlandia. El gesto añade fricción dentro de la alianza y refuerza la percepción de que Trump prioriza la presión económica incluso sobre aliados formales cuando busca objetivos estratégicos.
En paralelo, el equipo de Trump ha impulsado cambios estructurales en la proyección global de Washington: reordenación del Departamento de Estado, repliegue de organismos internacionales y debilitamiento de la arquitectura tradicional de cooperación. Analistas como Rebecca Lissner (Council on Foreign Relations) interpretan esta orientación como un fenómeno inusual: una superpotencia que erosiona el sistema del que se benefició durante décadas, al menos en su forma previa. La Administración, sin embargo, presenta el giro como una actualización de intereses nacionales y como una extensión de la doctrina Monroe, a la que algunos observadores asocian con un “corolario Trump”.
Estrategia interna
En el continente americano, la Casa Blanca vincula su estrategia a tres metas: reducir la migración, combatir redes criminales y desplazar inversiones chinas en sectores críticos. Para lograrlo, combina acuerdos económicos con amenazas arancelarias y, en casos extremos, acciones de fuerza. Venezuela aparece como el ejemplo más controvertido: tras una intervención el 3 de enero, Washington mantiene presión política y militar sobre el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, según el texto base, y justifica parte de sus operaciones bajo un marco de “guerra contra el narcotráfico”. En este enfoque confluyen perfiles duros, como el secretario de Estado Marco Rubio, y la visión interna de Stephen Miller, a quien analistas atribuyen una lectura que conecta inmigración, seguridad y tácticas de contraterrorismo.
Trump también ha activado una política de premios a la alineación. Nayib Bukele ha ofrecido cooperación penitenciaria para deportaciones y obtuvo visibilidad en Washington. Javier Milei logró un respaldo financiero relevante —con un paquete de 20.000 millones— y recibió alivios arancelarios, según la información aportada. El texto también sostiene que Trump condicionó apoyos y manifestó preferencias en procesos electorales regionales, lo que alimenta el debate sobre soberanía y sobre el alcance real de la influencia estadounidense en ciclos políticos latinoamericanos.
A medio plazo, el interrogante central no solo es el nivel de intervención, sino su sostenibilidad: Trump privilegia impactos rápidos y decisiones de alto voltaje mediático, mientras deja más incierto el “día después” en conflictos y negociaciones. Ese método, incluso cuando logra imponer agenda, suele aumentar la volatilidad diplomática y eleva el coste de coordinación con aliados y socios.
