Estados Unidos ha intensificado su campaña militar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental con nuevos ataques contra embarcaciones que Washington vincula a redes criminales transnacionales. El Comando Sur confirmó que fuerzas estadounidenses atacaron tres lanchas en aguas internacionales cerca de Colombia, una operación que dejó ocho personas muertas y que se suma a una estrategia más amplia impulsada directamente por la Administración de Donald Trump.
Según la versión oficial difundida por el Ejército, los servicios de inteligencia identificaron las embarcaciones como parte de rutas habituales del narcotráfico en el Pacífico oriental. El comunicado sostiene que los ocupantes participaban activamente en actividades ilícitas y los califica de “narcoterroristas”. Con estos ataques, Estados Unidos eleva a al menos 26 las embarcaciones destruidas en el Caribe y el Pacífico desde el inicio de la campaña, con un balance que supera las 90 muertes en aguas internacionales.
Ofensiva militar
La ofensiva militar se desarrolla en paralelo a un despliegue naval sin precedentes recientes en la región, que incluye miles de soldados y al portaaviones Gerald Ford. La Casa Blanca defiende que la operación busca proteger la seguridad nacional estadounidense frente al tráfico de drogas. Sin embargo, la estrategia ha abierto un debate político y jurídico en Washington, especialmente por el uso de la fuerza letal fuera de escenarios de conflicto armado reconocidos.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha quedado en el centro de la polémica tras negarse a hacer público el vídeo del primer ataque de este tipo, ocurrido el pasado 2 de septiembre en el Caribe. Legisladores demócratas, y también algunos republicanos, reclaman su difusión al considerar que las imágenes podrían aclarar si Estados Unidos incurrió en ejecuciones extrajudiciales. Hegseth sostiene que no divulgará una grabación “confidencial y sin editar”, aunque ha accedido a mostrarla a los comités parlamentarios encargados de supervisar al Pentágono.
Más allá de los límites legales y políticos
El debate en el Congreso refleja una tensión más amplia sobre los límites legales y políticos de la estrategia de Trump. El almirante Frank Bradley, responsable de las operaciones en el Caribe, negó que Hegseth ordenara rematar a supervivientes en un ataque previo, pero no logró disipar las dudas de los legisladores. Para varios expertos en derecho internacional, los bombardeos en aguas internacionales plantean serios interrogantes sobre su compatibilidad con el derecho humanitario.
En el plano geopolítico, la campaña se cruza con la presión creciente de Trump sobre Venezuela. El presidente estadounidense acusa a Nicolás Maduro de liderar el llamado cartel de los Soles y ha incluido a esa supuesta organización en la lista de grupos terroristas, lo que refuerza el marco legal para sanciones y acciones coercitivas. Aunque Trump ha amenazado con una “segunda fase” que incluiría ataques terrestres, por ahora ha evitado una intervención directa en territorio venezolano.
Las últimas operaciones también afectan a Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, ha sido señalado por Trump como un actor clave en el narcotráfico regional. En conjunto, la estrategia estadounidense apunta a redefinir el uso del poder militar contra el crimen organizado en el hemisferio occidental, con implicaciones duraderas para la seguridad regional, la legalidad internacional y las relaciones diplomáticas en América Latina.
