La crisis por el control del Tribunal Constitucional polaco ha estallado en plena calle. El viernes 30 de octubre, la magistrada Anna Korwin-Piotrowska, la jueza de mayor antigüedad, firmó una orden que suspende durante un mes al presidente del órgano, Bogdan Święczkowski, y a su vicepresidente, Bartłomiej Sochański, y asumió la dirección provisional. La reacción del presidente Karol Nawrocki, que cortó su viaje a Senegal para regresar de urgencia, y la respuesta del primer ministro Donald Tusk han convertido un conflicto judicial en un pulso institucional de primer orden.
Korwin-Piotrowska justificó su decisión por el bloqueo de la Asamblea General que debía aprobar el presupuesto, el veto a los jueces elegidos por el Parlamento en marzo y la presunta manipulación de la composición de las salas. Se amparó en el artículo 130 de la ley sobre los tribunales ordinarios, una norma que numerosos juristas consideran inaplicable al Constitucional. Poco después, la cuenta oficial del tribunal denunció una "toma ilegal" de su web y negó autoridad a la magistrada, que nunca juró ante el jefe del Estado.
Policía, protestas y un presidente que forcejea
Según varios relatos, siete jueces elegidos por el Parlamento entraron en la sede acompañados por agentes del Servicio de Protección del Estado. La policía desplegó un amplio dispositivo en Varsovia y detuvo a tres personas por intentar acceder al edificio, mientras cientos de manifestantes, entre ellos diputados de la oposición, coreaban consignas contra Tusk.
Nawrocki aterrizó en Varsovia, se reunió con Święczkowski y con el presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński, y acudió de madrugada al tribunal. Según los relatos, forcejeó con el cordón policial y con un grupo de jueces para entrar y permaneció dentro hasta al menos las 04:00. Su declaración fue tajante: "Se ha producido una violación del orden constitucional de Polonia". Convocó para este sábado consultas urgentes con los líderes parlamentarios.
Tusk replicó en X que "restaurar el Estado de derecho es nuestro deber" tras años de arbitrariedad bajo el PiS. El ministro de Justicia, Waldemar Żurek, pidió además levantar la inmunidad de los dos dirigentes apartados para procesarlos por obstruir el funcionamiento de la corte. Święczkowski, que no pudo entrar en el edificio, llamó "usurpadores" a los jueces atrincherados y anunció que no acatará la suspensión. Jarosław Kaczyński habló de un "atentado" y advirtió del riesgo de un "Estado policial".
Un conflicto que Bruselas observa de cerca
El origen está en las reformas judiciales del PiS entre 2015 y 2023, que llenaron el tribunal de jueces afines y llevaron al choque con la Unión Europea. Tusk regresó al poder en 2023 prometiendo revertirlas, pero se topó con el veto de los presidentes Duda y Nawrocki. El Parlamento ha designado ocho magistrados, de los que solo tres han jurado ante el presidente; el resto prestó juramento en sede parlamentaria. Todo ello ha dejado dos facciones que se niegan legitimidad y un tribunal prácticamente inoperativo.
La dimensión europea no es menor. El TJUE declaró en diciembre de 2025 que Polonia había incumplido sus obligaciones, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos adoptó medidas provisionales en mayo, que la dirección del tribunal rechazó. Ahora la fecha clave es el martes 3 de noviembre, cuando los magistrados que controlan la sede han convocado la Asamblea General para aprobar un presupuesto congelado por el Gobierno. La respuesta de Nawrocki y la calle dirán si Polonia encuentra una salida negociada o se adentra en una confrontación aún más abierta.