La Comisión Europea está estudiando la posibilidad de establecer centros de deportación extracomunitarios fuera de la Unión Europea, un tema que sigue el modelo de Italia en Albania, que se presenta como una «solución innovadora» frente a la creciente inmigración irregular. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, ha manifestado su interés en esta iniciativa, la cual se discute en el contexto de un endurecimiento de las políticas migratorias en varios países de la UE.
Italia, bajo el gobierno de Giorgia Meloni, ha inaugurado dos centros de deportación en Albania, gestionados por personal italiano y bajo su jurisdicción. En estos centros, los migrantes en situación irregular esperan una decisión sobre su solicitud de asilo, como es el caso de los 16 migrantes trasladados recientemente. Este modelo, promovido por varios Estados miembros como Dinamarca, se ha convertido en un ejemplo de lo que la Comisión llama “soluciones innovadoras”, con el potencial de replicarse a nivel europeo si se supera la barrera legal que esto representa.
Von der Leyen subraya la necesidad de reformar la regulación sobre deportaciones para aumentar su efectividad. Según datos oficiales, solo el 20% de las personas en situación irregular que reciben órdenes de expulsión logran ser devueltas a sus países de origen. La propuesta también apunta a fortalecer acuerdos con países externos a la UE para frenar la inmigración irregular a cambio de fondos, un enfoque que ya se ha visto en los acuerdos con Turquía, Túnez y Egipto.
Críticas de la ONG
Sin embargo, esta medida no está exenta de controversia. Varias ONG han criticado estos centros de deportación extracomunitarios, alegando violaciones a los derechos humanos en instalaciones financiadas con fondos europeos en países como Turquía. A pesar de las denuncias, Bruselas parece decidida a seguir adelante con esta política, justificándola como parte de su estrategia para enfrentar la presión migratoria que ha aumentado un 56% en rutas hacia España.
El desafío de la Comisión Europea, además de la cuestión legal, será encontrar países con predisposición a acoger estos centros fuera de la UE. Aunque algunos Estados miembros ven con buenos ojos la idea de presionar a los países de los Balcanes, como Albania, para que acojan estos centros, hasta el momento han mostrado reticencias.
En paralelo, el debate sobre inmigración está agudizándose dentro de la UE, donde varios países han endurecido sus políticas. Polonia, por ejemplo, ha suspendido el derecho de asilo, y Finlandia ha cerrado su frontera con Rusia, lo que pone en peligro el sistema de libre circulación de Schengen. El consenso sobre la política migratoria y de asilo se resquebraja a medida que crecen las tensiones entre los Estados miembros.
