Desde los 1.500 euros por trasladarse a una segunda residencia a los 10.400 por montar una fiesta. Interior ha enviado a las delegaciones de Gobierno los criterios para poner multas y su correspondiente sanción monetaria a quien se salta el confinamiento.

El Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande Marlaska ha enviado ya a las delegaciones de Gobierno los criterios para cuantificar las multas a quienes se saltan el confinamiento. Se trata de unas pautas para poder poner sanción monetaria al hecho de saltarse la ley del estado de alarma. Multas que van desde 1.500 euros por marcharse a una segunda residencia a los 10.400 por montar una fiesta.

La ley de Seguridad Ciudadana estipula entre los 601 y los 30.000 euros las sanciones por saltarse el estado de alarma. Y es que se trata, según Interior, de una infracción grave. Pese a ello, el departamento de Marlaska ha rebajado ese máximo, aunque la sanción mínima sí la ha establecido en esos 601 euros.

Probablemente, sea la más impuesta. Se aplica a los casos básicos y más frecuentes. Ciudadanos que se dan paseos sin justificación o salen a hacer deporte. Interior los denomina como «desplazamiento no autorizado». Eso sí, siempre que no haya «circunstancias concurrentes» que lo agraven. Es decir, que si alguien es cazado por segunda vez, se dobla la multa hasta los 1.200 euros.

En algunas ocasiones, los ciudadanos pierden los nervios y, por evitar la multa, pueden incurrir en sanciones más graves. Así, Interior prevé que el sancionado no se comporte correctamente con los agentes. En ese supuesto, el «menosprecio» a la autoridad lleva a sanciones de 2.000 euros. 

Si se les intimida, sin que se llegue al delito tipificado en la ley, la sanción asciende a los 3.000 euros. La cuantía máxima prevista es de 10.400 euros. Se aplicaría en aquellos casos en que el ciudadano se resista con violencia o amenace a los agentes. Y siempre si la intensidad no es tanta como para ser considerada delito.

Hay otro caso en que las multas pueden llegar a los 10.400 euros: las fiestas. Entendiendo como ello la «organización o participación en actividades en común, festejos, celebraciones, etc». Los agentes deben considerar entonces si ha habido un riesgo «elevado» para la salud. Así, se tendrá en cuenta el número de personas o la proximidad.

Los desplazamientos no autorizados que además se hagan en compañía se sancionarán con 1.500 euros. La misma cantidad para quien sea interceptado yendo a su segunda residencia.

Muy habituales son los casos en que los ciudadanos no quieren identificarse. Para ellos, la multa será de 700 euros. Y podría subir a los 1.500 si se detecta una «actuación deliberada para evitar o dificultar la identificación».

El documento precisa que quienes paguen voluntariamente la multa en el plazo de 15 días tendrán una rebaja del 50%. Quienes lo hagan después, pero antes de que concluya el procedimiento tendrán un descuento de 20%. Eso sí, si se paga la sanción se renuncia a la vez a impugnar la misma.

Medio millón de denuncias

Hasta ahora, las Fuerzas de Seguridad del Estado han presentado más de medio millón de denuncias. Los agentes solo pueden proponer las sanciones por incumplir el estado de alarma.

Después, tendrá que ser delegación de Gobierno la que haga llegar la multa, con su correspondiente sanción económica, al ciudadano. De ahí el envío de criterios de Interior. El objetivo es que todas las ciudades sancionen de la misma manera.

Pese a las proposiciones de sanción, un informe de la abogada general del Estado, Consuelo Castro, advertía que muchas de ellas podrán ser revocadas. Y es que la desobediencia que se atribuye a los denunciados por no cumplir el estado de alarma solo puede aplicarse a quienes se resistan a los agentes.

Por eso, recomendaba sancionar conforme a la Ley General de Salud Pública y no mediante la de Seguridad Ciudadana.

Pese a ello, Interior mantiene que la Ley de Seguridad Ciudadana es la vía correcta. Y así lo ha ratificado en la comunicación a las delegaciones de Gobierno.

Comentarios