El sucesor de Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas (PP), cobró 300.000 euros por informes “verbales” para licitación autonómica de tres casinos en Alicante. Finalmente, aquellos supuestos trabajos jamás existieron, ya que fueron ficticios.

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José Luis Olivas, el sucesor de Eduardo Zaplana en la Generalitat, es el protagonista de un nuevo caso de corruptela en la Comunidad Valenciana.

El político del Partido Popular facturó 300.000 euros por sus supuestos consejos verbales a través de Imarol S.L. mediante cheques en facturas emitidas en abril, mayo y junio de 2011.

Su cliente fue Omalasa S.L., una sociedad que tiene como socio único al Grupo Acrismatic. Este grupo es un holding de 600 empleados que controla 1.600 puntos de apuestas deportivas con casinos en Alicante, Orihuela y Benidorm.

La supuesta asesoría prestó sus servicios entre 2010 y 2011. En ese momento, Olivas presidía Banco de Valencia y Bancaja y, tras la fusión de esta última con Bankia, desembarcó como número dos de la institución financiera pilotada entonces por Rodrigo Rato.

Tribunal de Justicia

Los problemas de Olivas con su empresa Imarol S. L comenzaron en 2017. Entonces, el Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia condenó al ex número dos de Bankia a un año y medio de prisión y una multa de 151.800 euros por emitir a través de esta sociedad una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros.

Finalmente, el Tribunal de Justicia valenciano sentenció que la factura al igual que la asesoría nunca existieron. El letrado del Estado subraya que el expresidente del Gobierno valenciano jamás elaboró informes escritos. Y además, concluye que facturó a través de una mercantil sin actividad ni empleados externos.

“Parece difícil que el señor Olivas, durante la presidencia de Bancaja y Banco de Valencia, pudiera prestar al mismo tiempo labores de asesoramiento con una empresa”, señaló el letrado.

El sucesor de Zaplana está procesado por los casos de salida a Bolsa de Bankia y del Banco de Valencia. En este último caso se juzga un supuesto desfalco de 750 millones mediante la concesión de créditos fraudulentos. Por ello, Olivas se enfrenta a una petición de la fiscalía de seis años de cárcel.

Olivas se defiende

Pese a las acusaciones, Olivas justifica que su asesoría hablada fue real y que abordó operaciones inmobiliarias. “Tengo un listado de reuniones en la agenda electrónica”, afirma el político. Además, Olivas niega haber favorecido con créditos a esta compañia desde Bancaja, Banco de Valencia o Bankia.

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