“Lo que pasó en Cataluña fue un golpe de Estado”. Es la conclusión a la que ha llegado la Fiscalía en su alegato en el juicio del 1-O, que está llegando ya a su fin. Asegura, además, que Junqueras fue “el motor de la rebelión” y admite actos violentos pero “los justos”.

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El Tribunal Supremo encara ya la recta final del juicio por el 1-O. En la sesión de este martes, era el turno de las acusaciones, que expresaban sus alegatos finales. La Fiscalía ha sido la encargada de abrir esta etapa y ha sido contundente.

En su informe, en el que expone por qué debe dictarse una sentencia condenatoria por rebelión, asegura que “lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017, y sobre todo en los meses de septiembre y octubre de 2017, es lo que en la terminología de Hans Kelsen, ese ilustre jurista austriaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado: la sustitución de un régimen jurídico por otro por medios ilegales”. Así se expresaba el fiscal Javier Zaragoza.

La razón del juicio, comenzaba Zaragoza, es “haber intentado liquidar la Constitución española de 1978”. También “haber atacado gravemente el orden constitucional mediante procedimientos ilegales, vías de hecho, métodos coactivos, y utilizando la violencia en aquellos momentos en que ha sido necesaria”.

También ha querido destacar que “ninguno de los acusados ha querido asumir responsabilidades”. Y que todos ellos gestaron “un sanedrín” para conformar el “estado mayor del procés”.

La Fiscalía reconoce que “no están todos los que son” pero sí que “son todos los que están”. Y sustenta lo que pasó en tres bases específicas que vertebran la rebelión y facilitaron la celebración del referéndum ilegal.

Primero, “el pilar parlamentario, que dio la cobertura necesaria para llevarlo a cabo”. Segundo, “el pilar ejecutivo”, en el que la Generalitat era “la maquinaria de este proceso”. Y tercero, “el pilar de las asociaciones civiles”, donde los acusados Jordi Cuixart y Jordi Sànchez “han sido los dinamizadores”.

Junqueras

Zaragoza analizaba además a los acusados, siendo Oriol Junqueras el primero en aparecer en el informe. Es el principal acusado y para él la Fiscalía pide 25 años de cárcel. El fiscal ha asegurado que Junqueras ha protagonizado “un ejercicio de cinismo sin precedentes” por haber acusado al Estado de no haber querido dialogar.

“Quien rompe la legalidad democrática, quien se coloca al margen de la ley, quien se niega en redondo a dialogar en el marco de las instituciones y dentro de los cauces democráticos, responsabiliza a quienes acatan, cumplen y respetan las reglas democráticas de no solucionar la cuestión”, ha dicho. Además, define a Junqueras como “uno de los más importantes promotores de estos hechos delictivos y el motor principal de la rebelión”.

Forn

El siguiente en ser analizado ha sido Joaquim Forn. “Él conocía perfectamente esto”, ha dicho el fiscal. Y también que avanzar “en el referéndum era una actitud delictiva desde el principio al final”. “Estaba informado de todo”, ha resaltado. Zaragoza mencionaba en este punto al exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero. Porque él era quien informaba a Forn.

“En apariencia acataban la orden judicial pero en la práctica incumplían el uso de la fuerza para hacer cumplir la legalidad”, ha dicho de este cuerpo policial. A él se ha referido con los términos “fraude” y “engaño” en relación al cierre de centros de votación y a la incautación de material electoral.

En cuanto a los incidentes del 20 de septiembre en las inmediaciones de la Consejería de Economía, Zaragoza ha asegurado que se produjo “un estado de excepción de facto” donde “todo” fue “excepcional”·

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