La ley de eutanasia comienza su recorrido este martes en el Congreso. El Pleno debatirá y votará la admisión a trámite de la proposición de ley impulsada por el PSOE. Respondemos a 15 preguntas sobre esta ley que ya se tramita.

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Una de las grandes promesas del Gobierno progresista llega ya al Congreso este martes. La regulación de la eutanasia se votará en el Pleno tras su debate. Una proposición que pretende dar “respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista” a una “demanda sostenida en la sociedad actual”.

La iniciativa recoge que eutanasia significa “buena muerte”. Y que se puede definir como “el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento”. Es decir, lo que se conoce como suicidio asistido.

El objetivo de la ley de eutanasia es “regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse”.

La proposición de ley, presentada por el PSOE, se enfrenta este martes al debate de admisión a trámite. Es decir, a que el Congreso dé el visto bueno para que se estudie, se presenten enmiendas y se vote. Los partidos favorables a la ley quieren que se ratifique este mismo año.

Todo indica que la ley pasará la primera votación y se admitirá a trámite. Los socialistas contarán con sus socios de investidura y, además, con Cs.

Respecto a la ley de eutanasia, respondemos a 15 preguntas.

¿A quiénes va dirigida?

Cualquier persona de nacionalidad española o con residencia legal en España podrá solicitar la eutanasia. Tiene que ser mayor de edad, capaz y consciente en el momento de la solicitud.

 

Requisitos

La ley establece que la podrán solicitar aquellas personas que sufran “una enfermedad grave e incurable”. O también aquellos que padezcan “una enfermedad grave, crónica e invalidante, certificada por el médico responsable”.

Requisitos complementarios

El paciente tiene que tener “por escrito” la información sobre su proceso médico. También las alternativas y posibilidades de actuación al respecto. Incluida la de poder acceder a los cuidados paliativos.

Tendrán que presentar dos solicitudes, de manera voluntaria y por escrito. Entre una y otra tendrán que pasar al menos quince días naturales. Un periodo que puede acortarse si el médico considera que el paciente puede perder su capacidad de manera inminente.

La persona que lo solicita debe prestar consentimiento previo para recibir la ayuda para morir. Ese consentimiento se incorpora a la historia clínica del paciente.

Inicio del procedimiento

El paciente debe realizar la solicitud por escrito. Tiene que estar fechada y firmada por el mismo. Si la persona está impedida físicamente, será otra persona mayor de edad y capaz de hacerlo quien se encargue de iniciar el trámite. Además, debe hacerse en presencia de un profesional sanitario.

¿Y si se arrepiente?

El paciente puede revocar la solicitud “en cualquier momento”. Y también puede pedir un aplazamiento en caso de arrepentirse.

¿Se puede negar la ayuda?

Sí. Lo puede hacer el médico responsable, que tendrá que argumentar por escrito el por qué de su decisión. El paciente podrá entonces reclamar ante la Comisión de Control y Evaluación en un plazo de cinco días.

Trámite

Una vez que el médico ha recibido la solicitud firmada, tendrá que realizar con el paciente “un proceso deliberativo”. Se recogerá su diagnóstico, las posibilidades terapéuticas y los resultados esperables. También sobre los posibles cuidados paliativos. Además de tener que explicarlo, se facilitará por escrito.

Pasadas 24 horas, el médico recabará del paciente su decisión de seguir adelante o parar el proceso. Si quiere continuar, el facultativo tendrá que comunicarlo al equipo asistencial. Y, si el paciente lo pide, a los familiares y allegados que señale. El paciente firmará entonces el documento con su consentimiento.

El médico hablará entonces con el médico consultor. Éste estudiará la historia clínica y examinará al paciente para corroborar que cumple las condiciones. Lo hará en un plazo máximo de diez días naturales y redactará otro informe.

Después de esto, y antes de la eutansia, el médico llevará el caso al presidente de la Comisión de Evaluación y Control para que realice un control previo. Un paso que puede saltarse si la muerte o pérdida de capacidad es inminente.

Control

La comisión designará a dos miembros para comprobar si se dan los requisitos. Podrán acceder a los documentos y entrevistarse con el médico responsable y el paciente. En un máximo de siete días darán su aprobación o no.

La ayuda a morir

La ley establece que esa ayuda para morir la deberán hacer los profesionales sanitarios. “Con el máximo cuidado y profesionalidad”, dicen. Y habrá dos modalidades.

La primera, la administración directa al paciente de una sustancia. La segunda, la prescripción o suministro de una sustancia que se la pueda tomar el mismo paciente. En su centro sanitario o en su casa. Será el paciente, si está consciente, el que decida cuál de las dos vías elegir.

¿Quién pagará la ayuda?

Estará incluida en la cartera del Sistema Nacional de Salud. La eutanasia será así de financiación pública. Se realizará en los centros sanitarios tanto públicos como privados o concertados.

Objeción de conciencia

Los médicos podrán acogerse a la objeción de conciencia. Es una decisión individual de cada profesional. Tendrá que comunicarla por adelantado y por escrito.

Muerte

La proposición de ley fija que esa muerte tendrá consideración de muerte natural a todos los efectos. Algo muy importante en el plano jurídico.

 

Duración del proceso

No se establece un periodo concreto. Pero teniendo en cuenta los tiempos y plazos de cada paso, el paciente no tendría que esperar más de un mes para poder morir.

 

Aplicación

La ley se aplicará a todas las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que actúen o se encuentren en territorio español.

¿Es constitucional?

Si la ley de eutanasia sale adelante, se reconocerá como un nuevo derecho. El PSOE sostiene que la legalización y regulación se asienta sobre la compatibilidad de “unos principios esenciales”. Basados en los derechos de las personas y así recogidos en la Constitución.

Por un lado, son los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral. Y por el otro, bienes protegidos por la Carta Magna como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.

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