La trama de los ERE llega a su fin este martes. El mayor caso de corrupción en España verá por fin dictada su sentencia. Y hay 8 claves que harán entender estos diez años de procesamiento.

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Este martes a mediodía se conocerá la sentencia del caso ERE, considerada la mayor trama de corrupción en España. Casi diez años de investigación y los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán como principales acusados. Hasta 8 claves son necesarias para entender un proceso complicado de fraude masivo.

El procedimiento por el que se concedían ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. La Fiscalía Anticorrupción cifra en alrededor de 800 millones de euros la estafa.

La sentencia aclarará la implicación o no del Gobierno andaluz en la trama de corrupción durante años. Y concretamente de dos mandatarios que, además, han sido ministros y presidentes del PSOE.

Las 8 claves para entender los ERE son los siguientes:

El caso ERE

Se trata de la investigación de un fraude masivo relacionado con las ayudas dadas por la Junta andaluza, a través de la Consejería de Empleo. Iban a parar a empresas en crisis entre 2001 y 2011. Y tenían que servir para llevar a cabo expedientes de regulación de empleo (ERE).

Las diligencias se abrieron hace casi una década, de manos de la juez Mercedes Alaya. En este tiempo se ha llegado a imputar a un total de 257 personas. Hace poco menos de un año acababa el juicio oral. Y ahora, por fin, llega la sentencia.

Los acusados han sido señalados de participar de manera directa o indirecta en el procedimiento para conceder las ayudas. Supuso un coste de 680 millones a las arcas públicas andaluzas sin que hubiera control alguno.

Origen

El caso salió a la luz a finales de 2010 por otra investigación sobre corrupción en Mercasevilla. Varias investigaciones periodísticas y una denuncia del PP destaparon el presunto cobro de comisiones ilegales en esa empresa.

Además, el comité de empresa denunció que había encontrado en el ERE de Mercasevilla un “intruso”. Alguien que había recibido una prejubilación sin haber trabajado en la empresa. Ese fue el hilo para descubrir más casos fraudulentos.

Acusados y penas

El caso de los ERE tiene a 21 acusados. Están agrupados en tres bloques para hacer sus peticiones de pena. En un primer grupo, aquellos a los que reclaman 10 años de inhabilitación por prevaricación. Otro grupo intermedio para los que se piden seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación. Y las penas más duras son de 8 años de cárcel por delito continuado de malversación y otros 30 años de inhabilitación.

Del primer grupo destacan nombres como los de Manuel Chaves o Magdalena Álvarez. En el segundo grupo destacan José Antonio Griñán o Jacinto Cañete. Y en el tercer grupo algunos como José Antonio Viera.

La sentencia para todos ellos no será firme y admitirá recurso ante el Tribunal Supremo.

Procedimiento

El Gobierno andaluz socialista marcó una política de rescatar a empresas ya en los años 90. Y desde entonces la Junta utilizó este mecanismo principalmente para asegurar la paz social y ayudar a empresas a través de la transferencia de financiación.

Los fiscales creen que éste era un canal opaco, que no garantizaba el control de las ayudas, que se entregaban de “forma absolutamente libérrima”.

El procedimiento de la transferencia de financiación consistía en recoger un fondo en la ley de presupuestos para la Consejería de Empleo y luego se traspasaba a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA. A través de ella se abonaba a las aseguradoras las subvenciones de los pagos de los ERE. Así, ya no tenían que pasar los controles previos, lo que hacía más rápido todo el proceso.

Francisco Javier Guerrero

La Junta y el PSOE han intentando limitar las responsabilidades de los ERE a la órbita de Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo entre 1999 y 2008. Se le considera el centro de la trama.

Alaya lo acusó de haber recibido 303.588 euros de “procedencia desconocida” y haber aceptado viajes a China y Egipto. Su chófer declaró que se gastaba 25.000 euros al mes, de fondos de la Junta. Lo hacía en cocaína, fiestas y copas.

La rama política

Los jueces siempre han entendido que la trama iba más allá de los altos funcionarios. El sistema de ayudas trataba también de beneficiar a la órbita del PSOE y a los sindicatos.

En 2015 se inculpaba a Griñán, Chaves y al exvicepresidente Zarrías por prevaricación administrativa.

Las defensas

Los principales acusados han insistido en que no tenían nada que ver con el uso ilegal de este dinero.

Guerrero, por su parte, comenzó señalando directamente a Chaves, aunque luego cambió su estrategia y defendió la legalidad en su actuación en la concesión de ayudas.

Caso eterno

Cinco años de instrucción y casi 700 horas de grabación durante el juicio se pondrán fin con la sentencia. La vista comenzó el 13 de diciembre de 2017 y terminó el 17 de diciembre de 2018. Se celebraron 152 sesiones.

Las pruebas documentales ascienden a 14.276 folios, divididos en 38 tomos y siete anexos.

El documento final tendrá unos 1.700 folios y el ponente se dedicó en exclusiva a redactarlo desde febrero de este año. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha llegado a calificar esta sentencia como “la más difícil de la historia judicial de España”.

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