Ciudadanos y PP creen que el decreto-ley del nuevo permiso de paternidad es inconstitucional. El por qué lo han explicado en un informe jurídico que la Mesa de la Diputación tendrá que valorar para tomar una decisión.

Publicidad

El nuevo permiso de paternidad que el Gobierno quiere aprobar a través de un decreto-ley está en peligro. Aunque pretendía entrar en vigor el próximo 1 de abril, podría irse al traste este jueves. Eso si los letrados del Congreso confirman el argumento de Ciudadanos y del PP, que creen inconstitucional el decreto.

Ambas formaciones, siendo Ciudadanos la que ha liderado la protesta, consideran que una ley orgánica no puede ser modificada a través de un decreto-ley. Sobre todo, cuando las Cámaras están disueltas.

Será ahora la Mesa de la Diputación, el órgano que vela por los poderes del Congreso entre periodos de sesiones o cuando el Parlamento está disuelto, la que decida al respecto. Con el informe jurídico en la mano, tendrá que ver si admite o no el decreto-ley que modificará el actual permiso de paternidad. Se trata, además, de una de las normas estrella con las que el Gobierno de Sánchez quiere terminar la legislatura.

Ciudadanos se ha basado en la sentencia 20/1986 del Constitucional. Según la misma, un decreto-ley no puede modificar materias que son objeto de ley orgánica. Y, en este caso, se refiere a la de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Ante la posición de Ciudadanos y el PP, el diputado socialista Rafael Simancas ha dejado claro que se trata de una “utilización sectaria y fraudulenta” de la Mesa de la Diputación. Y ha recalcado que eso, incluso, “raya en el delito”.

Simanas ha recordado que los decretos-ley se someten a la Diputación Permanente. Y no hacerlo es un “delito de prevaricación”. En este sentido, acusa a Ciudadanos de querer llevar “el tongo y el pucherazo” al Congreso. Además, asegura que la ley de Igualdad es de carácter ordinario y no orgánico en más del 90% de su contenido. Y se ha mostrado seguro de que los letrados darán la razón al Gobierno.

Los letrados

Por su parte, Ciudadanos explica que las leyes orgánicas requieren de un procedimiento que comporta la votación por mayoría absoluta en Congreso y Senado. Por tanto, difícilmente puede admitirse que su reforma se realice con una tramitación “aligerada” como la de los decretos-ley.

Los letrados han asegurado por su lado que probablemente la petición de Ciudadanos no tenga recorrido. Y es que la capacidad de la Mesa para no admitir a trámite un decreto del Gobierno es limitada. Sólo podría hacerse, de hecho, si la inconstitucionalidad de la norma es muy manifiesta.

Publicidad

Comentarios