El ‘CNI catalán’ (o Cesicat) fue el organismo que encargó a los CDR asaltar el Parlamento catalán el mismo día en que se dictara sentencia en el juicio por el procés. Así lo recogen los autos judiciales tras las detenciones del pasado lunes.

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No tenían fecha pero sí un denominado día D, que sería el mismo en el que se conociera la sentencia, probablemente condenatoria, del juicio del procés. Los CDR planeaban asaltar el Parlamento catalán. Pero ahora se ha sabido que fue el propio Cesicat quien encomendó esa operación a los comités.

Así lo recoge el auto del juez de la Audiencia Nacional en los autos de prisión de los siete CDR detenidos y encarcelados el pasado lunes. Todos ellos acusados de organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para la comisión de estragos.

La investigación ha acreditado que el Cesicat (‘CNI catalán’) fue el cerebro de ese plan para asaltar el Parlament. El juez destaca en uno de sus autos las conversaciones telefónicas en las que ” habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña en el precitado día D, con el fin último de subvertir el orden constitucional”.

El propio auto recoge que “el desarrollo del plan” fue “encomendado por parte del denominado CNI catalán”. Y que habría sido asumido por los CDR.

Según publica el diario ‘El Mundo’ este lunes, el Cesicat era “pleno conocedor” de la operación de los CDR. Este organismo es dependiente del Gobierno catalán. Y ha sido investigado en los últimos años por apoyar el proceso de independencia.

Cesicat

El llamado ‘CNI catalán’ nació en 2009. Lo hacía, teóricamente, para controlar la seguridad de las telecomunicaciones catalanas. Sin embargo, como ya denunció la Audiencia Nacional, se ha convertido en una “especie de Agencia de Seguridad Nacional” al entender que se constituye una de las estructuras básicas para el funcionamiento de Cataluña como Estado independiente”.

Para ello, asumen “funciones que legalmente no le están asignadas por ser competencia del Estado”.

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