El Congreso y el Supremo están echando un pulso continuo por la suspensión de los políticos presos. El alto tribunal le devolvía a la Cámara Baja la decisión sobre los diputados en la cárcel.

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El Congreso y el Supremo están librando un pulso estos días por la suspensión de los políticos presos independentistas. La Mesa emplazaba al alto tribunal a tomar la decisión, mientras que el Supremo devolvía la pelota a la Cámara Baja.

El presidente del tribunal que juzga el 1-O, Manuel Marchena, enviaba este jueves un escrito a Meritxell Batet, nueva presidenta del Congreso, en el que rechazaba elaborar el informe solicitado para aplicar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Marchena sostiene que la configuración que la Constitución atribuye al Supremo “hace inviable la elaboración del informe requerido”.

El Supremo argumenta que el artículo 21 del Reglamento del Congreso ya prevé la suspensión de los procesados que estén en prisión preventiva. Así que debe ser el Congreso quien lo haga. Lo contrario, según los magistrados, sería “una injerencia” del poder judicial en el político.

La Mesa del Congreso se reúne este jueves para abordar la suspensión de los parlamentarios presos.

El PP presiona a Batet

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, presiona ya a Meritxell Batet para la suspensión. Los populares han amenazado con pedir la reprobación de la presidenta del Congreso si no suspende a los presos independentistas.

Se plantean, además, actuar judicialmente contra Batet por prevaricación y desobediencia. “Intenta lavarse las manos y ganar tiempo”, ha dicho Egea.

El pulso del Supremo y el Congreso podría alargarse hasta después del 26M. La Mesa solo tiene previsto fijar posturas y debatir el encargo de informes. Batet coincide con la posición de la Fiscalía en que la decisión de la suspensión debería tomarla el alto tribunal.

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