El Tribunal Constitucional ha lanzado una advertencia directa a Roger Torrent sobre las consecuencias penales que suponen desobedecer a la Justicia. Quieren evitar así que el Parlamento catalán esté al servicio del independentismo.

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Los 12 integrantes del Tribunal Constitucional han acordado por unanimidad este jueves aceptar a trámite la petición del Gobierno de anular varias resoluciones aprobadas en el Parlamento catalán el pasado 25 de julio. Y se ha asegurado de advertir a Roger Torrent de las consecuencias penales que tendría desobedecer a la Justicia.

La medida del Constitucional implica suspender temporalmente los preceptos bajo sospecha. Pero también pone en el punto de mira al presidente del Parlamento catalán, al secretario general y a la Mesa de la Cámara autonómica. A ellos se dirige expresamente para advertirles de que tienen la obligación de impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar esa nueva decisión del Constitucional. O sus sentencias previas.

La resolución del Constitucional suspende los puntos referidos al “derecho de autodeterminación, derechos civiles y resolución del conflicto”.

Monarquía

También en uno de los puntos suspendidos se hacía referencia a la monarquía. El Parlamento catalán “reafirma su compromiso con los valores republicanos”. “Y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”. Y rechazaban también “el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán”.

El Constitucional ha dictado otro fallo en el que subraya que el Parlament no puede censurar a la monarquía. Y afirma que la posición institucional del Rey le confiere inviolabilidad. Por lo que anula también la iniciativa de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre hechos de corrupción que pudieran afectar al Rey. O sobre su discurso tras el referéndum ilegal.

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