El Tribunal Constitucional ha acordado pedir al fiscal que investigue a Roger Torrent por un posible delito de desobediencia. Considera que ha reincidido en la autodeterminación.

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De forma unánime, el pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes pedir al fiscal que investigue al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, por un posible delito de desobediencia. Los magistrados trasladan así el caso al Ministerio Público porque el Constitucional no puede abrir diligencias penales.

La decisión llega tras constatar el Constitucional que Torrent ha ignorado las notificaciones personales que en las últimas semanas le ha hecho el tribunal en relación a resoluciones aprobadas por la Cámara catalana.

Fue el propio Gobierno de Sánchez el que pidió al tribunal que diera este paso. Eso sí, lo hizo antes de las elecciones del 10-N. Por tanto, antes también de su negociación con ERC y de su propuesta de «desjudicializar» el «conflicto político» catalán.

Abogacía del Estado

Fue la Abogacía del Estado la que solicitó al Constitucional que acordase «deducir oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder por el incumplimiento de las resoluciones» dictadas por el Constitucional.

En ellas, declaró la inconstitucionalidad del derecho de autodeterminación y la reprobación del Rey Felipe por parte del Parlamento catalán.

El pasado mes de diciembre, el Pleno del Constitucional anuló dos resoluciones de la Cámara catalana. En ella se ahondaba en la autodeterminación y volvía a advertir a Torrent de que su deber es «impedir o paralizar cualquier iniciativa (…) en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado» por el TC.

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