¿Qué es el estado de alarma y qué implica para el Gobierno? La medida podría tomarse en las próximas horas por el Ejecutivo y permitiría, entre otras cosas, limitar la circulación de personas temporalmente.

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La situación por el coronavirus es cada vez más complicada. Sobre todo en Madrid. Por eso, el Gobierno ha decidido decretar el estado de alarma. Pero, ¿qué es y qué implica?

El estado de alarma está previsto en la legislación estatal y es una herramienta que permite al Gobierno tomar medidas en situaciones «de graves alteraciones a la normalidad». Estas van desde catástrofes o desagracias públicas a «crisis sanitarias». Como en este caso.

Se trata de una situación excepcional que en España solo se ha dado en 2010. En diciembre de hace diez años, el Gobierno de Zapatero se veía obligado a activar el estado de alarma por la huelga de controladores. Se vieron afectadas más de medio millón de personas y se militarizó a estos profesionales. La orden duró hasta el 16 de enero de 2011.

El estado de alarma tiene que ser acordado por decreto en el Consejo de Ministros. Y se puede determinar solo para una parte del país o para todo entero. La duración y efectos no puede durar más de 15 días, ya que se trata de una medida excepcional. Puede prorrogarse, eso sí, con el permiso del Congreso.

Órdenes del Gobierno

En estas circunstancias, el Gobierno puede tomar una serie de medidas contempladas en la ley.

  • Prohibir ciertos movimientos de personas. Durante el estado de alarma se puede limitar la circulación de personas y/o vehículos en horas y lugares determinados.
  • Intervenciones materiales. El Gobierno puede practicar las «requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones obligatorias».
  • Intervención de lugares. Se podrían ocupan talleres, fábricas, explotaciones o cualquier otro tipo de locales, salvo domicilios privados.
  • Servicios de primera necesidad. Las autoridades pueden limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
  • Abastecimiento. Puede ordenar medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados.
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