Dolores Delgado, hasta ahora ministra de Justicia, será la nueva fiscal general del Estado. Pedro Sánchez ha propuesto ya su nombre, que será ratificado este martes en el Consejo de Ministros.

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A muchos sorprendió la decisión de Pedro Sánchez de apartar a Dolores Delgado del ministerio de Justicia. Sin embargo, el presidente del Gobierno tenía guardado para ella otro cargo: el de fiscal general del Estado.

En sustitución de María José Segarra, que ha estado en el puesto año y medio, Delgado asumirá la silla de fiscal. Será nombrada por el Rey, a propuesta de Sánchez, y será aprobada en el Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará este martes. El primero del nuevo Gobierno de coalición.

Fue el pasado viernes cuando Sánchez informaba a Delgado de que no continuaría al frente de Justicia. Y nombraba a Juan Carlos Campo como su sustituto. Cercana al presidente del Gobierno, esta decisión sorprendió a muchos. Lo que entonces no trascendió es que le esperaba una tarea incluso mayor.

Fiscal progresista, la exministra ha ejercido la mayor parte de su carrera en la Audiencia Nacional. Cercana a las tesis de Baltasar Garzón, le apoyó ante su enjuiciamiento y expulsión de la carrera por el caso Gürtel.

En junio de 2018 era nombrada ministra de Justicia. En aquel momento, ejercía como portavoz de la Fiscalía en la Audiencia. Allí coordinaba, además, los asuntos de terrorismo yihadista, materia en la que es experta.

Críticas

En su año y medio en la cartera de Justicia, Delgado instruyó el expediente para la exhumación de Franco. Un acto al que acudió como notaria mayor del Reino. Tres han sido los escándalos que le han valido más de una crítica.

El primero, el caso Villarejo. Aparecieron unas conversaciones con él en las que, entre otras cosas, se refería a Marlaska como “un maricón”. Después, llegaría la tardanza en amparar al juez Pablo Llarena ante la demanda civil que Puigdemont presentó contra él. Y la tercera llegaba por haber instado a la Abogacía del Estado a descartar la rebelión en la acusación contra los líderes del 1-O.

Al frente del Ministerio no pudo culminar la reformar integral de la Ley de Memoria Histórica, la recuperación de la justicia universal y el cambio de tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal.

Su nombramiento como fiscal general del Estado no está exento de polémica. Son muchos los que no ven compatible que haya sido ministra de Justicia. Hay quien señala que termina así la independencia de los jueces y que, sin duda, es una manera de politizar a la Justicia.

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