Estrasburgo ha cambiado ahora su posición y da la razón a España por las llamadas devoluciones ‘en caliente’ de inmigrantes en la valla de Ceuta y Melilla. El tribunal asegura ahora que no se vulneraron los derechos al expulsarles.

Si hace un tiempo, Estrasburgo condenaba a España por las devoluciones ‘en caliente’, ahora da un giro radical. La decisión tendrá importantes consecuencias en la legislación española y en la europea sobre migración. El Tribunal da la razón, al contrario que la primera sentencia, a España por devolver a dos inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en 2014. Sin procedimiento burocrático alguno.

La gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos asegura que España no violó la prohibición de realizar expulsiones colectivas. Ni tampoco el artículo 13 de la legislación europea sobre el derecho a un recurso efectivo. El fallo de la sentencia, además, es inapelable y por unanimidad.

La sentencia revela que fueron los propios demandantes los que se pusieron en una situación ilegal cuando intentaron entrar en España saltando la valla.

Los 17 jueces que han analizado la sentencia inicial, que obligaba a España a indemnizar con 5.000 euros a cada uno de los dos demandantes, subraya ahora que éstos «decidieron no usar los procedimientos legales que existían para entrar en territorio español de manera legal». Por eso, alega el tribunal, su posterior arresto y devolución inmediata sin consultar con un abogado o un médico fue «consecuencia de su propia conducta».

Estrasburgo también considera que no puede hacer responsable al Estado por la falta de un recurso legal en Melilla para los demandantes. Que les hubiera permitido impugnar la expulsión.

Antecedentes

El caso solo se refiere a dos subsaharianos devueltos ‘en caliente’ en 2014 tras saltar la valla de Melilla. En la sentencia de 2017 se limitaba a ordenar a España el pago de la indemnización de 5.000 euros a cada afectado.

El fallo adquirió una dimensión diferente cuando el Gobierno de Rajoy decidió recurrirlo. El Ejecutivo había legalizado este tipo de expulsiones en 2015, por una disposición adicional en la ley de seguridad ciudadana. Conocida como la ley mordaza.

El tribunal de Estrasburgo aceptó porque el asunto planteaba una cuestión grave en cuanto a la interpretación y aplicación del convenio europeo.

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