El Gobierno ha dado este martes luz verde a su ley de cambio climático como vía, además, para salir de la crisis del Covid-19. «No podemos volver al modelo anterior», ha reclamado la ministra Teresa Ribera.

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Hace año y medio, el Ministerio para la Transición Ecológica elaboraba un primer borrador de la llamada ley contra el cambio climático. En él se fijaba una fuerte reducción de los gases de efecto invernadero. Ahora, el Consejo de Ministros ha dado por fin luz verde al proyecto, calificándolo además de vía para salir de la crisis del Covid-19.

El texto inicia así su andadura parlamentaria tras ser aprobado este martes. Se trata de un proyecto de ley que aparece en un momento «muy delicado», como ha reconocido la ministra Teresa Ribera. Pero el Gobierno lo enfoca como oportunidad para salir de la crisis. Y para «orientar el proceso de recuperación» hacia un modelo «respetuoso con el planeta». «No podemos volver al modelo anterior», ha dicho Ribera.

El objetivo de la ley contra el cambio climático es reducir las emisiones de efecto invernadero. Algo que afectará a la automoción, el sistema energético y eléctrico, la edificación, la aviación o la agricultura. Se espera que en 2030 se hayan reducido las emisiones un 20% respecto al año 1990. Y el año 2050 está marcado para la «neutralidad» climática en España.

Las cifras, advierte el Gobierno, no son negociables. Tanto es así que Ribera ha dicho que «no cree» que vaya a haber discrepancias parlamentarias. Al menos en las líneas generales. E incluso cree que algunos objetivos se puedan incrementar tras pasar la ley por Cortes. Eso sí, duda del apoyo de un grupo en concreto.

Si en su tramitación parlamentaria el texto no cambia, la ley llevará al fin a los coches diésel y gasolina. El proyecto incluye la necesidad de alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050.

Para lograrlo, se aplicarán «las medidas necesarias». Siempre de acuerdo con la normativa europea. Se espera que como mucho en 2040 los vehículos tengan ya cero emisiones por kilómetro. Lo que en la práctica supone coches eléctricos y de pila de hidrógeno.

Vehículos que, actualmente, tienen un precio superior a los de gasolina y diésel. A los problemas se unen la falta de puntos de recarga. Algo que el Gobierno quiere solventar, impulsando su construcción. Las grandes gasolineras, de hecho, tendrán que instalar el doble de la potencia inicialmente prevista. En 2025, las oficinas y centros comerciales tendrán que reservar un aparcamiento de más de veinte plazas con puntos de recarga.

El proyecto de ley también contempla que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares tengan zonas de bajas emisiones para 2023.

Otras medidas

El texto mantiene también la prohibición del fraking, el objetivo de un sistema eléctrico 100% renovable antes de 2050 y la revisión a los subsidios a los combustibles fósiles. El Ministerio de Transición Ecológica se encargará de elaborar un calendario para la revisión de ayudas.

Algunos objetivos del primer borrador han terminado desapareciendo. Aunque habrá normativas posteriores. Por ejemplo, la obligación de rehabilitar con criterios de eficiencia energética al menos 100.000 viviendas al año.

Lo mismo ocurre con las subastas de energía renovable. Antes, se fijaba de forma explícita que tendrían un mínimo de 300 megavatios anuales hasta 2030. Ahora ese punto no se establece. Aunque no se descarta que se aplique en el futuro.

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