El Gobierno se enfrenta a partir de ahora a una oleada de querellas por la falta de medidas ante el Covid-19. Podría acudir a los juzgados por delitos que van desde el homicidio imprudente hasta la desprotección de los trabajadores.

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El Ministerio de Justicia baraja principios de junio como fecha para retomar los plazos procesales suspendidos por la crisis del Covid-19. Será el momento en que se puedan celebrar vistas y arrancará de nuevo toda la maquinaria judicial. Y también el momento en que el Gobierno comience a enfrentarse a una oleada de querellas por la falta de medidas ante el coronavirus.

Y es que se espera que muchos presenten demandas acusando al Gobierno de delitos que van desde el homicidio imprudente a la desprotección de los trabajadores.

Los funcionarios irán incorporándose a la Justicia de manera paulatina. Así, una vez se levante la orden de suspensión de causas, el engranaje ya esté en marcha. Será entonces cuando el aluvión de querellas contra el Gobierno comience a llegar.

En lo penal, ya se han interpuesto, de hecho, varias querellas. Algunas, contra el presidente, Pedro Sánchez. Otras, contra diferentes ministros, en especial Salvador Illa. Será el Tribunal Supremo quien se encargue de ellas, ya que los miembros del Gobierno están aforados.

De momento, están en suspenso. Y, una vez que se recupere la actividad judicial, estarán a la cola. Y es que el Supremo dará salida primero a las más urgentes o con preso de por medio.

Tras levantar la suspensión, lo primero que se hará será trasladar a Fiscalía la querella para que informe sobre la procedencia de iniciar una investigación. Después, la Sala de lo Penal estudiará si procede a trámite o no.

Los delitos de estas querellas van desde homicidio imprudente, lesiones imprudentes, prevaricación, delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, imprudencia profesional o desprotección de los trabajadores.

Fuentes judiciales aseguran que no ven mucho futuro a estas querellas. Pese a ello, será inevitable abrir investigaciones y diligencias.

Querellas presentadas

Por el momento, el Supremo tiene encima de la mesa querellas del sindicato de funcionarios CSIF, del Consejo General de Enfermería o de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, entre otros.

Todos ellos consideran que desde el Gobierno se ha puesto «en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos». Por la falta de material y por el material defectuoso entregado.

Lo más avanzado hasta ahora es la investigación abierta al delegado de Gobierno de Madrid. La denuncia la presentó el abogado Víctor Valladares. Aunque actuó en inicio solo, después ha logrado que se sumen a él cerca de 10.000 personas.

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