Demoledor contra la Generalitat. Así es el informe de la Asamblea por una Escuela Bilingüe sobre los colegios catalanes. Y es que ninguno cumple el 25% de enseñanza en español que establece la ley.

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A día de hoy, no hay colegio o instituto en Cataluña que cumpla la exigencia de que un 25% de la enseñanza tenga que ser en español. Incluso aquellos centros que han sido obligados por ley a reforzar el castellano solo lo hacen en el aula afectada, no en todo el conjunto del centro.

Además, el sistema educativo catalán no refuerza el español en zonas donde hay mayoría de catalanohablantes. “Es falso que los centros educativos utilicen los PLC (proyectos lingüísticos del centro) para adaptar la distribución horaria de las lenguas oficiales a las necesidades de los alumnos”, recoge el informe de la Asamblea por una Escuela Bilingüe. 

El documento denuncia también que el 94,9% de las actividades extraescolares se realizan en catalán. Un 97,4% de los centros envía comunicaciones escritas a las familias solo en catalán. Y un 22,8% de los centros públicos catalanes dicen explícitamente tener un objetivo identitario en sus proyectos lingüísticos.

El informe es demoledor, ya que recoge que solo 126 centros imparten una asignatura no lingüística en español. Es decir, cualquier materia que no sea Lengua y Literatura Castellana. En el caso de ESO y Bachillerato, eso se reduce a un solo centro.

La Asamblea ha recordado en su estudio que la ley determina que el español y el catalán deben tener consideración de lenguas vehiculares. Y ello supone un modelo de conjunción lingüística o bilingüismo integral. Así, el Constitucional declaró inconstitucional la preferencia del catalán sobre el castellano.

Conclusiones

El informe recoge como conclusión principal que “ningún centro educativo público en Cataluña cumple la ley”. Solo se respeta el sistema del 25% de asignaturas impartidas en español en aquellos centros en los que las familias han conseguido sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Eso sí, solo aplicables a los grupos o clases a los que pertenecen los hijos de las familias demandantes.

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