El juez de la Audiencia Nacional ha imputado a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la trama de corrupción Púnica. El magistrado ha citado a las expresidentas de la Comunidad de Madrid para conocer su papel en el caso.

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Investigada desde febrero de 2014, la trama de corrupción Púnica añade dos nombres más a su lista. Y no son otros que los de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Ambas han sido imputadas por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que quiere conocer su papel en la trama.

Se unen así al macrosumario de corrupción de una trama liderada por el exconsejero madrileño Francisco Granados. El juez también quiere conocer qué papel jugaron Aguirre y Cifuentes en la financiación irregular del PP madrileño entre 2003 y 2011. Unos años en los que Aguirre encadenó mayorías absolutas en Madrid.

El juez considera que la expresidenta ejercía la “supervisión” de la supuesta caja b del partido en la Comunidad.

Por su parte, Cifuentes está imputada por la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco. Empresa del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.

Las imputaciones de Aguirre y Cifuentes fueron solicitadas hace un mes por la Fiscalía Anticorrupción. Lo hacía en un informe en el que solicitaban la reordenación de la causa.  Ésta debe estar concluida antes del 6 de junio de 2020.

Implicada directamente

Por primera vez en su carrera, Aguirre será imputada en una de las tramas que salpican a sus consejeros.

Según el auto de imputación, la expresidenta habría buscado los recursos necesarios para “financiar las campañas que ella misma seleccionaba”. Era, además, la “supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza”.

“La supervisión y el control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier Consejería en sus contratos de publicidad se habría centralizado al más alto nivel del Gobierno regional”, dice. “Bajo la supervisión de su presidenta, Esperanza Aguirre”, añade el juez.

Los investigadores de la UCO sitúan a Aguirre en las reuniones en las que se acordó favorecer con contratos públicos a empresas de publicidad que trabajaron en las campañas de 2003 y 2007. Para facilitar los pagos, Aguirre modificó varias leyes autonómicas.

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