La Abogacía del Estado ha decidido cargar contra la juez del 8M por abrir causa contra el Gobierno. Defiende así al Ejecutivo y presenta un recurso de apelación contra el auto de la magistrada que dio inicio al procedimiento judicial.

Ejerciendo como defensa del delegado del Gobierno en Madrid, la Abogacía del Estado ha cargado contra la juez del 8M por abrir causa contra el Ejecutivo. De manera directa, ha apelado a la Audiencia Provincial solicitando la revocación del auto de la juez Carmen Rodríguez Medel. Ésta abrió investigación penal por permitir la manifestación del Día de la Mujer en la capital.

El escrito de la Abogacía del Estado ha cargado duramente contra la juez. Tanto es así que la acusa de convertir la instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria». Y, en ello, saltarse las suspensiones judiciales vigentes en el estado de alarma.

El recurso está firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane. La misma que defendió la tesis de la sedición durante el juicio por el 1-O en Cataluña. El recurso fue presentado el pasado 20 de abril. Es decir, casi un mes antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil que se relaciona con la polémica destitución de Diego Pérez de los Cobos. 

En un total de 18 páginas, la Abogacía del Estado denuncia que la juez del 8M ha ignorado las disposiciones del estado de alarma para los tribunales. Y que ha vulnerado el derecho del delegado de Gobierno a un proceso con todas las garantías. Por eso, pide a la Audiencia su nulidad.

Señala que «en su afán por encontrar indicios» de delito, la juez ha desbordado el ámbito de competencias que ella misma acotó en la investigación. También le acusa de solicitar información a cualquier autoridad sin identificar, lo que convierte esta instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria».

A juicio de la Abogacía del Estado, la juez del 8M ha iniciado el proceso penal sin indicios. Meramente con «sospechas e hipótesis». Y defiende que hasta la declaración del estado de alarma, no había resolución de ninguna autoridad sanitaria que «limitara las concentraciones de personas».

Hacía recomendaciones que fueron intensificándose a partir del 11 de marzo a todos los niveles administrativos. Pero, recuerda, eran recomendaciones únicamente. Y no pusieron impedimento alguno a la celebración de otros eventos, como el partido el 7 de marzo entre el Atlético de Madrid y el Sevilla en el Metropolitano.

Estado de alarma

Otro de los puntos del informe carga contra la celeridad mostrada por la juez. En pleno estado de alarma y cuando los plazos procesales se encuentran suspendidos. La Justicia sólo actúa en los casos denominados por el Ministerio de Justicia y el CGPJ. Son servicios esenciales y con resolución de urgencia.

De hecho, recuerdan que el auto del 23 de marzo reconoce de forma expresa que no había urgencia alguna. Por lo que al dictarlo desatiende todo lo excepcionalmente acordado, como eran razones de salud pública.

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