La Confederación de Sindicatos Médicos presentará una querella contra Salvador Illa por las mascarillas ‘fakes’, que tuvieron que ser devueltas. La denuncia será interpuesta en el Tribunal Supremo al entender que hubo «actuación negligente».

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La distribución de mascarillas ‘fakes’ (o defectuosas) en varios hospitales llevará a Salvador Illa ante la Justicia. Al menos es lo que pretende la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que ha decidido interponer una querella en el Tribunal Supremo contra el ministro.

El Comité Ejecutivo de la CESM considera que fue una «actuación negligente» del ministerio. Y que con ello se puso «en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario, y especialmente de los médicos». Ellos han sido quienes han utilizado estas mascarillas defectuosas, convencidos de su idoneidad.

En un comunicado, la CESM alega que presentará la querella por «presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores». Y apuntan al artículo 316 del Código Penal. En él se recoge que se perseguirá a quienes vulneren las normas de prevención de riesgos laborales. En concreto a quienes «estando legalmente obligados no faciliten los medios necesarios» para que los trabajadores ejerzan su labor con medidas adecuadas. También apuntan al artículo 317, que recoge el mismo delito por «imprudencia grave».

El Código Penal establece que estos delitos se castigan con penas de cárcel. Sanciones que irían desde seis meses a tres años. Así como con una multa de seis a doce meses.

Material bajo sospecha

Además, los médicos denuncian que han aparecido «otras partidas de elementos de protección que tampoco están homologados». Por lo que no dudan en poner «bajo sospecha la gestión que se ha hecho de este tema por parte del ministerio».

«Si esto no fuera suficiente», añade la CESM, suman el hecho de que Sanidad retiró esas mascarillas ‘fakes’ cinco días después de saber que no estaban homologadas. Una noticia que publicaba ‘El Mundo’ esta semana.

Por todo ello, la CESM subraya la «profunda y creciente preocupación» de los sanitarios. Consideran que no se puede defender la gestión de Sanidad en la pandemia. Y aseguran que cala ya la «máxima indignación» ante ello.

La situación, dicen, «exige soluciones inmediatas e información clara, transparente e indubitada». También acciones de la CESM para garantizar la seguridad y defensa de los médicos.

«No podemos dejar pasar por alto que más de 32.000 sanitarios están afectados por Covid-19», recuerdan. «Y que el número de fallecidos es inasumible e inaceptable», dicen. Piden así que en base a los datos y la evolución de la pandemia, se replantee «la práctica totalidad de la gestión que están realizando».

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