La Fiscalía investiga ya el caso de más de 100 residencias de ancianos por los brotes incontrolables de Covid-19, que ha provocado miles de muertes entre los más mayores. Entre ellos, son 42 centros de Madrid y otros 24 de Cataluña.

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El drama de las residencias de ancianos con el Covid-19 es lo más preocupante desde el inicio de la pandemia. De los más de 24.000 fallecidos hasta ahora, la inmensa mayoría son personas que superan los 70 años. Muchas de ellas, residentes en centros de mayores. Por eso, la Fiscalía tiene abierta investigación a más de 100 centros.

Según los datos de Fiscalía General del Estado, el número total asciende a 110. Lo que supone 24 más que la semana pasada.

En la Comunidad de Madrid son ya 42 los casos, dos más que la semana pasada. Es la región que más investigaciones acumula. Le sigue Cataluña, donde se ha abierto investigación a 24 centros. Son cuatro más que la semana pasada.

En la mayoría de los casos, la investigación se ha abierto por las denuncias de familiares y trabajadores. Aunque también hay diligencias por la denuncia de partidos políticos o asociaciones. Bien contra una residencia en concreto bien contra la gestión de las autoridades sanitarias en el conjunto de centros de una provincia.

Según las cifras, de las 110 investigaciones penales, 42 están en Madrid y 24 en Cataluña. El resto se distribuyen en otras diez autonomías: Castilla La Mancha (10), Castilla y León (10), Galicia (11), Extremadura (4), Aragón (3), Canarias (2) y una en Cantabria, Baleares, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Delitos

La Fiscalía actualiza cada semana el dato de las investigaciones en residencias de ancianos. La cifra ha ido creciendo semana a semana. Hace quince días, eran solo 38 diligencias abiertas. Ahora, más del centenar.

De momento, no se han querido detallar los delitos que se investigan. Aunque fuentes de Fiscalía apuntan a homicidio por imprudencia, maltrato y abandono de ancianos entre otros.

Además de las fiscalías autonómicas, a la Fiscalía General han llegado más de un centenar de informes de seguimiento sobre residencias. No se trata de investigaciones penales, ya que no hay, en principio, delito alguno. Pero sí en el ámbito civil, para la protección de ancianos, que precisan especial atención por estar en situación de vulnerabilidad.

Estas diligencias están abiertas en fiscalías provinciales y las CCAA recopilan datos sobre la situación de las residencias, además de mantener el seguimiento.

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