La Fiscalía ha decidido recurrir al Supremo para anular lo que han denominado «tercer grado encubierto» a los presos del 1-O. Piden que se revise la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Este martes, la Fiscalía ha presentado un informe al Tribunal Supremo.  En él le pide que declare su competencia para revisar el «tercer grado encubierto» a los presos del 1-O. Es decir, que analicen si se puede o no aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario en este caso.

Los fiscales Jaime Moreno, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Candena sostienen en su informe que la Generalitat ha otorgado semilibertad muy parecida al tercer grado. Y que los «efectos derivados de la aplicación de ese precepto no son diferentes de los que conlleva la concesión del tercer grado». Consideran que por ello es el Supremo en el que podría revisar esa concesión.

El informe es de máxima relevancia para el futuro más inmediato de los presos del 1-O. Es la primera vez que Fiscalía recurre al Supremo, en vez de a las Audiencias Provinciales, para que validen o anulen ese permiso. Y solicita además que «fije doctrina unificadora» por la disparidad de criterios entre los jueces de vigilancia penitenciaria de Cataluña.

En concreto, aseguran que hay juzgados que remiten esas apelaciones a las Audiencias Provinciales. Y otros al juzgado o tribunal que emitió sentencia. Por lo que piden unificar criterios.

Recuerdan además que en este caso específico se ha aplicado el reglamento a los pocos «meses de la sentencia». Y ha sido aplicado a todos «sin excepción».

Programas de reinserción

En el informe, los fiscales también destacan que los «programas de tratamiento que amparan inicialmente la adopción de esas medidas son, cuando menos llamativos». Así, recuerdan que Carme Forcadell y Dolors Bassa lo hacen para cuidar a sus madres. En el caso de la segunda, además, por tomar vacaciones la cuidadora. Y pese a existir otros familiares que podrían realizar esa tarea.

En el caso de Jordi Cuixart para poder trabajar en su propia empresa. Y en el Oriol Junqueras para hacerlo en la universidad. También para trabajar tienen semilibertad Forn, Rull y Turull mientras que Romeva y Jordi Sánchez alegaron voluntariado.

Los fiscales consideran que esos programas no son de reinserción de los delitos cometidos. «Los programas de reinserción en tales casos serían aquellos tendentes a inculcar el respeto a la Constitución y a las leyes», dicen.

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