La Generalitat estudia excarcelar a los presos del 1-O por el Covid-19, a fin de que cumplan el confinamiento en sus casos. Algo que Interior negó hace 12 días. Ahora, el Supremo avisa al Gobierno catalán de que estarían prevaricando si lo llevan a cabo.

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La consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha asegurado que las juntas de tratamiento estudian este martes ya si excarcelar a los presos del 1-O para que cumplan el confinamiento en sus casas. La excusa es la crisis sanitaria del Covid-19 que, hasta ahora, está controlada en todas las cárceles españolas.

Hace 12 días, Interior negaba esta posibilidad. Y ahora el Supremo advierte ya al Gobierno de Torra de que estarían prevaricando si lo llevan a cabo.

En una entrevista para Catalunya Rádio, Capella ha explicado que estos presos independentistas podrían abandonar la cárcel. Pasarían el confinamiento en sus casas porque hay una situación en la que hay que tomar medidas «excepcionales».

El pasado 16 de marzo, la Consejería de Capella confirmaba que cumplirían el estado de alarma en sus celdas. Ninguno saldría a ejercer voluntariado ni a trabajar, como han estado haciendo en las últimas semanas.

Interior había prohibido los permisos y las comunicaciones presenciales con los internos. A fin de evitar la propagación del coronavirus. Las salidas por el artículo 100.2, el aplicado a los presos del 1-O, quedaban suspendidas también.

Aquellos que tenían tercer grado o control telemático podrían seguir sus condenas desde casa, sin tener que volver a prisión durante el estado de alarma. Una medida que no afectaba a los presos independentistas.

De hecho, desde Interior especificaban a las cárceles que esta medida no era de aplicación a presos con segundo grado y flexibilidad por el 100.2. El cual es el caso de los condenados por el 1-O.

También hace 12 días, Interior subrayaba que estas medidas  tenían que ser autorizadas por un juez. Especialmente a quienes no son controlados telemáticamente ni pueden pernoctar en sus domicilios.

Advertencia del Supremo

Tras conocer los planes de la Generalitat, el Supremo ha avisado ya que de producirse esa excarcelación, se estaría cometiendo delito de prevaricación.

El alto tribunal señala en un comunicado que en caso de llevarla a cabo, las Juntas de Tratamiento tendrán que informar y justificar esa decisión. Y explicar el fundamento jurídico en el que se sostiene. Además, tendrán que identificar a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo.

En ese caso, aseguran, para depurar responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación.

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