¿Casualidad o causalidad? La Generalitat pagó 150.000 euros a la comisión de la ONU que, poco después, pidió liberar a los presos del 1-O. Tacharon, tras recibir el dinero, el encarcelamiento de “arbitrario”.

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El Gobierno de Torra donó un total de 150.000 euros en 2019 a la comisión de la ONU que, poco después, emitió un dictamen pidiendo la puesta en libertad de los presos del 1-O. En aquel entonces, Junqueras y compañía estaban aún en prisión provisional, a la espera de una sentencia definitiva del Supremo.

La Generalitat realizó esta donación a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Así consta en la relación de “contribuciones voluntarias” que cada año publica la ONU. De este departamento depende el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

Ellos fueron los encargados de pedir en mayo de 2019 la libertad de Junqueras y ‘los Jordis’. Aunque el dictamen no era vinculante, tachaba de “arbitraria” la situación en prisión preventiva de los tres líderes del 1-O. Defendían además su “inmediata puesta en libertad” y pedían para ellos una indemnización. También que se abriera una “exhaustiva investigación” de las circunstancias de su encarcelamiento.

Pero las casualidades (o causalidades, según se mire) continúan. El departamento que organizó la donación depende de la Consejería de Exteriores. Una sección que controla ERC, dirigida por Alfred Bosch. Y fue precisamente él quien difundió en canales oficiales el dictamen de la ONU. Exigía a las autoridades españolas a “cumplir con la decisión del grupo de trabajo de la ONU y liberar de inmediato a los presos políticos”.

Por su parte, Torra llegó a realizar una declaración institucional basándose en las conclusiones de la ONU. Tildó de “demoledora” la opinión de la organización internacional. Y sostuvo que aunque solo se citara a Junqueras y ‘los Jordis’, implicaba al resto de políticos presos. “Si el Reino de España no la cumple estará vulnerando el derecho internacional”, manifestó en su momento.

Desde Fiscalía se desentendieron de la reclamación de Torra. Y el Gobierno criticó la “falta de rigor” del dictamen. Acusó a sus autores de “no saber de qué delitos están acusados en España” esos presos preventivos.

El informe provocó que el entonces ministro de Exteriores, Josep Borrell, se quejara por carta a la ONU. Reclamó que se corrigieran las conclusiones.

Donaciones previas

La Generalitat solo había donado a esta oficina de la ONU en 2016, por un valor de 100.000 euros. Lo que supone que no es algo habitual y hace aumentar las sospechas.

Sí se han registrado donaciones de España como país y del País Vasco como entidad independiente. Aunque en el caso vasco, las donaciones se repiten anualmente desde 2015.

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