La juez que investiga la decisión de no impedir la manifestación del 8M rechaza imputar a Fernando Simón porque sólo investiga al delegado del Gobierno.

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Fernando Simón no será parte de la investigación del 8M en la causa abierta por la juez Carmen Rodríguez Medel. Así lo ha decidido la propia magistrada, que ha rechazado la imputación del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Asegura que sólo investiga la actuación del delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por posible prevaricación al no suspender la manifestación del Día de la Mujer pese al avance del Covid-19. 

La juez desestima así la petición de ampliar la imputación a Fernando Simón, instada por la Asociación contra la Gestión del Coronavirus en calidad de acusación. La causa, dice la magistrada, no va contra él. Y recuerda que ya hay dos juzgados investigando los hechos como los denunciados. Por eso, la ampliación deberá presentarse ante dichos órganos y no ante el que ella dirige.

En todo caso, además, señala que las diligencias no van contra Simón porque «los únicos hechos investigados en este procedimiento hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 por el delegado del Gobierno de Madrid en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo».

Pendiente de formalizar

La asociación que ejerce de acusación popular está encabezada por el particular que presentó la denuncia inicial. Con ella se desencadenó todo el procedimiento. Sin embargo, no se la considera parte del mismo. Rodríguez Medel le recuerda que debe cumplir dos requisitos. El primero, presentar un poder especial y la documentación relativa a la asociación. Y, en segundo lugar, una fianza de 1.000 euros. Hasta que esto no se haga, la acusación estará pendiente de formalizar.

Según expone la juez, están llegando «multitud» de escritos al juzgado para ejercer la acusación. Desde asociaciones a particulares. Pero recuerda que para ello debe articularse la presentación de documentación mostrándose parte de la causa como acusación popular. Algo que «hasta ahora nadie ha cumplido». Sólo la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno, son parte en el procedimiento. Ésta última salía, esta semana, en defensa además del Ejecutivo en esta causa.

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