El Gobierno aprobará este martes las llamadas ‘tasa Google’ y ‘tasa Tobin’. Pero, ¿qué son? La primera, es una ley del impuesto a determinados servicios digitales. Y, la segunda, el tributo sobre las transacciones financieras.

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Este martes, el Gobierno dará luz verde al anteproyecto de ley sobre la ‘tasa Google’ y sobre la ‘tasa Tobin’. El Ejecutivo de Sánchez ignora así las amenazas de Trump, que aseguró que respondería con aranceles a productos agrícolas españoles.

Ambos proyectos de Ley tienen que ser aprobados al margen de los Presupuestos porque llevan textos propios. Y tendrán también su propia tramitación en el Congreso. Ya en enero de 2019 fueron aprobados por el Consejo de Ministros. Pero nunca llegaron a iniciar su paso a la Cámara Baja.

Per, ¿qué son la ‘tasa Google’ y la ‘tasa Tobin? Y, sobre todo, ¿cuánto cree el Gobierno que podrá recaudar con ellas?

Tasa Google

Se trata de un impuesto que grava con un 3% los servicios de publicidad en línea y la venta de datos. Afectará a aquellas empresas que tengan una facturación global de 750 millones y una facturación de 3 millones en España.

El impuesto pretende propiciar que las empresas tributen allí donde generan beneficios. Y afectará a grandes empresas tecnológicas como Amazon y Google, de ahí su nombre. También a plataformas de transporte y alojamiento como Uber, Cabify, Booking o Airbnb. 

El Gobierno calculaba ya en 2019 que recaudaría cerca de 1.200 millones de euros con esta tasa.

Tasa Tobin

Es un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, es decir, de estilo directo, que grava la compraventa de acciones. El tipo impositivo será del 0,2%.

Afectará a la compra de acciones de empresas españolas que tengan una cotización en Bolsa superior a los 1.000 millones. Como es un dato que cambia, el Gobierno pretende tener en cuenta a las compañías que superen esa capitalización a partir de una fecha elegida.

España cuenta actualmente con unas 60 compañías que superan los 1.000 millones en cotización. Las más grandes son Inditex y Santander.

Con este impuesto sobre transacciones financieras, el Gobierno espera recaudar 850 millones. Un dinero que irá destinado a financiar pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.

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