Quim Torra ha sido condenado a año y medio de inhabilitación y 30.000 euros de multa por desobedecer a la Junta Electoral Central y no retirar los lazos amarillos de la Generalitat en plena campaña electoral.

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Ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que ha condenado a Quim Torra a un año y medio de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros. El delito cometido es el de desobediencia. La sentencia indica que el presidente catalán desobedeció «sin que hubiera ninguna circunstancia que modificara su responsabilidad».

Y no hizo caso a la decisión de la JEC para que retirara de los edificios públicos toda la simbología independentista. Es decir, los lazos amarillos y la pancarta a favor de los presos condenados por el Supremo que colgaba en plena campaña electoral.

Torra se convierte así en el primero presidente de la Generalitat condenado en ejercicio del cargo. Durante el juicio, asumió los hechos. «No cumplí las órdenes, o lo que es lo mismo, la desobedecí, era imposible cumplir una orden ilegal, dictada por un órgano ilegal y no podía hacerla para no vulnerar los derechos de los ciudadanos».

Por eso, la sentencia recoge que la decisión de la JEC era clara y que Torra tenía que haberla cumplido. Además, señalan que la orden «emana de una autoridad administrativa con competencia para ello».

El TSJC detalla que Torra no solo no retiró los lazos sino que llegó a consentir que en algunos casos se sustituyeran por lazos blancos cruzados con una raya roja. «No cabe duda, pues, de que, además de desatender el mandato de la Junta Electoral Central, asistimos a una voluntad consciente y a una disposición anímica inequívoca de contravención», estipulan.

El comportamiento de Torra, argumentan, «revela una negativa abierta y franca al cumplimiento de lo allí resuelto». Y recuerdan que el ahora condenado admitió «de forma explícita» haber desobedecido.

Actitud reiterativa

Para condenar a Torra, el tribunal recuerda la «recalcitante y reiterada actitud desobediente» del mismo. Y también «su conducta persistente en el incumplimiento de lo ordenado sucesivamente en, al menos, dos acuerdos firmes y ejecutivos ambos». Y argumentan que la condena es proporcional al alarde público de Torra por su delito.

En su sentencia, recuerdan también que no hay nada que pudiera justificar la desobediencia. «El único objeto de debate en estos autos ha sido, a la vista de todo lo analizado, la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad», dicen.

Por último, estiman que la JEC explicó a Torra por qué no podía utilizar los lazos amarillos o las ‘esteladas’. Y le argumentó en su momento que aunque sí lo pueden utilizar las formaciones políticas en su propaganda electoral, no lo pueden hacer los poderes públicos. Al menos «durante los periodos electorales». «Deben mantener una rigurosa neutralidad política», explicaban.

¿Y ahora?

La sentencia puede recurrirse ahora al Supremo. Y hasta que no sea firme, Torra se mantendrá en el cargo.

Una vez suceda esto, Torra no podrá ejercer la política local pero tampoco la autonómica, estatal o europea. Ni mucho menos seguir como presidente de la Generalitat. Y no será tampoco hasta que el Supremo confirme la sentencia, que Torra será apartado de su cargo.

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