El Gobierno aprueba este viernes una reforma laboral para que los trabajadores fichen y cobren las horas extra. A través de un nuevo decreto, el Ejecutivo llevará así un registro y pondrá cerco a trabajar de más gratis.

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Este viernes, el Gobierno de Sánchez aprueba el decreto de protección social y contra la precariedad laboral. Entre otras cosas, incluye la obligación de que los trabajadores fichen y registren la jornada. Algo que se guardará durante cuatro años.

Una medida que el Ejecutivo contemplaba para la contrarreforma laboral que estaba preparando. Pero que se quedaba en stand by por el final de legislatura.

El decreto se hace eco de algunas estadísticas como la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2018. En ella se refleja que los asalariados señalaban trabajar más de 40 horas semanales. Y muchos de los contratados a jornada parcial decían que su jornada efectiva no se correspondía con lo declarado.

También, un 48% de las personas que hacen horas extra no las cobran. Esto no solo precariza la situación del trabajador sino que incide en las arcas de la Seguridad Social. Y es que no perciben las cotizaciones correspondientes a esas horas trabajadas.

Las 6 modificaciones

En primer lugar, se establecen “especialidades en las obligaciones de registro de la jornada”. Es decir, el Gobierno quiere que los trabajadores fichen. Eso si, “previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas”.

Para ello, y como segunda modificación, se añadirá el registro de la jornada. Así, se tendrá que incluir el horario concreto de entrada y el de salida de cada persona trabajadora.

El decreto precisa también que la puesta en marcha del registro se hará mediante la negociación colectiva. Se consultará previamente a los representantes de los trabajadores. Será el empresario, además, el encargado de dar instrucciones para organizar y documentar el registro de la jornada.

Ese registro tendrá que guardarse durante cuatro años. En ese periodo, puede ser requerido por los trabajadores, los sindicatos, la inspección laboral y la Seguridad Social.

El texto modifica también la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Así, en caso de transgresión del registro, se impondrá una sanción que puede acarrear multas de entre 626 y 6.250 euros para las empresas.

Por último, el decreto recoge en su disposición final que la norma de registro de la jornada será de aplicación a los dos meses de la publicación del texto en el BOE. Algo que se producirá en los próximos días.

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