La sentencia por el 1-O ha estipulado que los condenados cometieron un delito de sedición pero no de rebelión. ¿Por qué ha adoptado esta decisión el Supremo y qué diferencia hay entre una consideración y otra?

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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a los acusados por el 1-O por delito de sedición y malversación de fondos públicos. Aunque en lo segundo no hay dudas, en lo primero muchos esperaban que la sentencia fuera por rebelión, lo que hubiera aumentado las penas. Pero, ¿qué diferencia hay entre un delito y otro?

Básicamente, el Supremo ha tenido que estudiar si hubo o no violencia y si ésta tuvo la suficiente entidad como para ser considerada rebelión. La Fiscalía siempre ha defendido la rebelión. Sin embargo, la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, apostaba por la sedición. Y las defensas de los acusados argumentaban simple desobediencia.

Los jueces han entendido en este caso que no hubo un ataque al orden constitucional pero sí contra el orden público. Y ahí radica la diferencia entre uno y otro delito. El tribunal ha valorado también la declaración unilateral de independencia. Se tenía que decantar por su era una declaración política o si fue determinante y se consumó, lo que hubiera llevado a la rebelión.

Sedición

El delito de sedición está tipificado en el de los delitos contra el orden público. Esto es el artículo 544 y los siguientes del Código Penal.

Castigan a quienes se alzan pública y tumultuariamente para impedir la aplicación de las leyes. Ya sea por la fuerza o fuera de las vías legales.

El delito de sedición está penado entre cuatro y ocho años de prisión. Y puede llegar a los entre 10 y 15 años para las autoridades.

En los últimos años se han abierto procedimientos de sedición contra algunos Ayuntamientos por promover y aprobar mociones de apoyo a la resolución independentista. También contra ediles, como el concejal de la CUP en Vic Joan Coma. Sin embargo, todas fueron archivadas por la ausencia de de protestas tumultuarias. Y de llamamientos a los ciudadanos a sumarse a esos actos.

No es delito que se aplique a líderes políticos únicamente. De hecho, sonado fue el caso de los controladores aéreos que causaron el caos en varios aeropuertos en 2010. Concretamente, los de Palma fueron juzgados por sedición. Tras reconocer los hechos y alcanzar un acuerdo con Fiscalía, fueron condenados únicamente por abandono de servicio de sus funciones.

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