El Tribunal Supremo ha avalado este martes la exhumación de los restos de Franco. Pero discute, y ese es el principal obstáculo, sobre el lugar donde enterrarle después.

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Los seis magistrados del Supremo encargados de resolver la exhumación de Franco tienen clara su decisión de sacar al dictador del Valle de los Caídos. Sin embargo, en lo que no se ponen de acuerdo es dónde llevarle después. Es el principal obstáculo de una reunión que arrancaba a las 10:00 horas de este martes.

El Supremo tenía que resolver los recursos interpuestos por los nietos de Franco contra los decretos-ley de Sánchez que avalan la exhumación del dictador. Y contra la petición de los familiares para que sea enterrado en la cripta de la catedral de la Almudena, en Madrid.

Se espera que los magistrados tomen su decisión este mismo martes. Aunque no descartan tampoco que pudieran seguir este miércoles si las posturas se encallan. Especialmente conflictivo ha sido el tema del traslado. Los miembros del Supremo están divididos en cuanto a dar la razón o no a la familia y dejar enterrar al dictador en La Almudena u obligarles a llevarle a otro sitio. Finalmente, han decidido que Franco no pueda ser enterrado en el catedral madrileña. Por lo que los familiares tendrán que buscar otro sitio o aceptar el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, donde está enterrada Carmen Polo, esposa de Franco.

Aunque hace unos meses aparecían divididos, parece ahora que el sentir mayoritario es el de avalar al Gobierno. E impedir que se traslade a Franco a la catedral madrileña, donde la familia tiene una tumba en propiedad. El Ejecutivo de Sánchez argumenta que podría ocasiones problemas de orden público y exaltación.

En cuanto a la exhumación en sí, parece que los seis magistrados están de acuerdo. La sentencia ha sido unánime, por lo que el Gobierno podrá llevar a cabo una de las promesas estrella de Sánchez durante la anterior legislatura.

No sólo depende del Supremo

La familia puede presentar un recurso al Constitucional todavía. Pero aparte de la vía legal, queda un escollo más. La licencia urbanística para levantar la lápida fue paralizada en febrero por un juez.

José Yusty Bastarreche argumentó en su auto que la lápida pesa mucho. Y que ello podía provocar accidentes durante su levantamiento. Conocido por sus ataques a la Memoria Histórica, el juez fue recusado por el Gobierno. Pero el TSJM desestimó la recusación.

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