La crisis que el informe de la Guardia Civil sobre el 8-M ha desatado en Interior se ha convertido en la nueva polémica que azota al Gobierno. Las claves de este lío pasan por una dimisión, un cese o hasta la imputación del delegado de Gobierno.

El cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos era el punto de partida de la nueva crisis del Gobierno. Concretamente, del Ministerio de Interior, que dirige Grande Marlaska. La destitución se producía a raíz de un informe de la Guardia Civil sobre el 8-M y la consecuente dimisión del director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Laurentino Ceña.

A día de hoy, para muchos resulta todavía un lío saber qué ha pasado y por qué se ha producido un terremoto político. Por eso, repasamos las claves de este caso que azota al Gobierno en plena desescalada del coronavirus.

Los hechos

Este pasado lunes, el ministro Grande Marlaska cesaba al coronel Diego Pérez de los Cobos, hasta ahora, máxima autoridad de la Guardia Civil en Madrid. La razón era la «pérdida de confianza» después de que éste no le hubiera comunicado que había remitido al juzgado un informe sobre las manifestaciones del 8-M.

Apenas 24 horas después, dimitía el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el general Laurentino Ceña. Se trata de uno de los rostros más visibles de la gestión de la pandemia pues, durante muchos días, aparecía diariamente en rueda de prensa.

Aunque ya jubilado, Ceña se había comprometido a seguir en el cargo hasta el 2 de junio. Su dimisión ha sido vista en la Benemérita como manera de ser fiel a los principios del Cuerpo.

El informe de la discordia

El informe del 8-M era lo que desataba la polémica. Se trata de un documento que ha sido remitido al juzgado de instrucción número 51 de Madrid. Gracias a él, la magistrada Carmen Rodríguez Medel ha imputado al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco. La razón es que hubiera autorizado la manifestación del 8-M una semana antes de declararse el estado de alarma.

El informe fue elaborado por la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Y concluye que no debería haberse celebrado ninguna concentración en la Comunidad madrileña desde el 5 de marzo. «Con motivo de la crisis sanitaria del Covid-19», aseguran. También recogen que no se tenían que haber celebrado unas y cancelar otras «como al final terminó ocurriendo».

El informe señala expresamente que se ha «constatado que la Delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma».

También sostiene que «el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus». Y habla del contraste entre permitir el 8-M y no un congreso evangélico al que iban a asistir unas 5.000 personas los días 19, 20 y 21 de marzo.

Los organizadores de este evento se reunieron con Illa y Fernando Simón el 5 de marzo. Ya entonces les dijeron que debían suspenderlo. En otra reunión al día siguiente, Simón insistía en que no se podía celebrar «bajo ningún concepto».

Marlaska explica el cese

El ministro de Interior ha desvinculado su decisión de cesar a Pérez de los Cobos de ese informe sobre el 8-M. Asegura que se debe «únicamente» a una política «razonable y normal de reconstrucción de nuevos equipos y dentro del ámbito de máxima confianza».

En rueda de prensa, evitaba entrar en detalles y finalmente anunciaba la subida de salario para Policía Nacional y Guardia Civil.

Por qué el informe es polémico

Básicamente no sólo por lo que se dice, sino porque también recoge informaciones tergiversadas, bulos, testimonios de otras concentraciones desconvocadas aquellos días, versiones de reuniones sin contrastar y especulaciones sobre la propagación del virus.

También se dan fechas incorrectas diciendo que la OMS declaró al Covid-19 como pandemia el 30 de enero. Pero eso no sucedió hasta el 11 de marzo.

Investigación judicial

La magistrada Rodríguez Medel imputaba al Delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Éste tendrá que comparecer el 5 de junio. Franco está imputado por prevaricación administrativa.

La juez ha remitido, además, una carta a Interior en la que recuerda que la Guardia Civil sólo tiene que informarle a ella.

Oposición

PP, Vox y Ciudadanos ya han pedido la dimisión de Marlaska. Y han alabado la carrera de Pérez de los Cobos.

Desde la formación naranja han llegado a decir que podría constituir un delito de injerencia política en este proceso.

Por su parte, Marlaska ha pedido a la ministra de Defensa que apruebe el ascenso a teniente general a Pablo Salas Moreno. Se trata del máximo responsable del servicio de información de la Guardia Civil. En cuanto suceda, podrá asumir el puesto de nuevo director adjunto operativo.

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