Quim Torra ha admitido ante el juez que “desobedecí la orden de la JEC” pero argumenta que era “imposible de cumplir” porque, dice, era una orden “ilegal”.

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Como se esperaba, Quim Torra admitía haber desobedecido a la Junta Electoral Central (JEC) al no retirar los lazos amarillos ni la pancarta en favor de los políticos catalanes presos. Pero ha basado su defensa en argumentar que era una orden “imposible de cumplir” porque, dice, era “ilegal”.

Torra ha aprovechado su paso por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para acusar a la JEC de “censura”. También de querer amenazarlo al pedirle que retirase todos los símbolos independentistas en campaña. El presidente catalán convertía así su juicio en un alegato político contra el Estado.

El presidente de la Generalitat solo contestaba a las preguntas de su abogado. E iba más allá, lanzando su mensaje político. De hecho, ha recordado los antecedentes históricos de los lazos amarillos o el reconocimiento de la ‘estelada’. Y aseguraba que la orden de la JEC iba hacia la “ambigüedad”. Lo calificaba de “acto de censura”. Y considera que se trataba de una orden “ilegal”.

“No cumplí las órdenes, o lo que es lo mismo, la desobedecí”, admitía Torra. El presidente catalán alegaba entonces que “era imposible cumplir una orden ilegal”. Fue dictada, dice, “por un órgano ilegal y no podía hacerla para no vulnerar los derechos de los ciudadanos”.

Torra considera que la JEC no puede dar este tipo de órdenes al presidente de la Generalitat. Y que esos símbolos forman parte de la libertad de expresión de los ciudadanos de Cataluña.

“Coacciones”

En su declaración, Torra ha añadido que la JEC pretendía que cometiese un “acto ilegal” porque el presidente de la Generalitat “no tiene la facultad para dictar una orden como ésta”. Por tanto, dice, que sufrió “coacciones”.

También ha utilizado su comparecencia para decir que en Cataluña existe un “gran consenso social que la judicialización de la política nos repugna”. Además, ha señalado que “hay encuestas en que muchos catalanes expresan que es una injusticia tener políticos en prisión y exiliados”.

Por eso, dice, la colocación de la pancarta en la Generalitat, con el lazo, era para recordar “a la gente que más ha sufrido para permitir votar en un referéndum de autodeterminación”. Y argumentaba que no era algo partidista porque en todo caso se trata de “presos políticos” por mucho que alguien “se levante y se vaya de un acto cuando lo escuche”. Se refería así al presidente del TSJC, Jesús M. Barrientos, que lo hizo en la celebración de un evento del Colegio de Abogados de Barcelona hace un par de años.

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