Quim Torra ha lanzado otro pulso a Sánchez a costa, esta vez, de la financiación. La Generalitat exigirá el dinero en los tribunales, asegurando que los adelantos de 2019 “son nuestros” y que “están siendo retenidos de forma irregular”.

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Más problemas para Pedro Sánchez. Quim Torra ha lanzado un nuevo pulso al presidente en funciones. Esta vez, a costa de la financiación. A la espera de la sentencia del juicio por el proceso catalán, la Generalitat tiene pensado llevar al Estado a los tribunales por el impago de los adelantos del sistema de financiación a las comunidades autónomas.

El vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonés, anunciaba esta medida en una comparecencia. Explicaba el cierre de caja aprobado a finales de julio, que supone un recorte del gasto público previsto inicialmente para las consejerías. El Gobierno catalán sostiene que el principal motivo de ese recorte es que el Gobierno de Sánchez no ha transferido a Cataluña unos 1.300 millones correspondientes a la mejora de la recaudación de los principales impuestos cedidos.

Aragonés ha explicado que se han dejado de ingresar unos 9.000 millones en todas las comunidades, salvo País Vasco y Navarra. Por eso, abre la puerta a otras autonomías para que se sumen al recurso de la Generalitat. Con ello, el Gobierno de Torra pretende aprovechar a su favor el descontento que hay en numerosas comunidades por la infrafinanciación de los servicios públicos por parte del Gobierno central.

“Llevaremos al Estado a los tribunales para que nos paguen los recursos por los anticipos de la financiación de 2019 que son nuestros”, ha dicho. Y añadía que “nos corresponden por ley y nos los están reteniendo de forma irregular”.

Nuevo pulso

La Generalitat devuelve así la pelota al tejado de Moncloa. Se apremia al Gobierno a resolver el problema. La ministra de Hacienda desvelaba que cuenta con un documento que permite transferir a las comunidades autónomas las cantidades retenidas en el momento en que pudiera conformarse el nuevo Gobierno, tras las elecciones de abril.

Un anuncio que sonaba a presión para desbloquear la investidura de Sánchez. Montoro insiste en que el Ejecutivo no puede comprometer ese gasto estando en funciones.

El objetivo de la Generalitat es echar un pulso pero no en solitario. Busca que otras autonomías hagan lo mismo. “Invito al resto de Gobiernos a hacer lo mismo, para que si hace falta el recurso sea compartido”, decía Aragonés.

Debido a la inestabilidad política, el Gobierno de Sánchez ha prorrogado los Presupuestos de 2018. Por eso, dicen desde Hacienda, no pueden pagar las entregas a cuenta de 2019. Tampoco pueden transferir el saldo de liquidación de las cuentas de 2017.

En total, las comunidades han dejado de recibir unos 4.500 millones de euros en todo este año. El desfase está obligando a algunas autonomías a aprobar recortes. O a contener el gasto en el último tramo del año. Además, las comunidades reclaman otros 2.500 millones por el cambio del sistema contable del IVA.

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