Josep Lluís Trapero, Pere Soler, César Puig y Teresa Laplana son los cuatro acusados del segundo juicio del 1-O, que arranca este lunes en la Audiencia Nacional. Se enfrentan a 11 años de cárcel por delito de rebelión.

Publicidad

El desafío independentista vuelve a los tribunales. Este lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio a la cúpula de los Mossos involucrada en los acontecimientos del 1-O y los días anteriores. Los cuatro acusados, –Trapero, Soler, Puig y Laplana-, tuvieron según Fiscalía un «papel clave» en la trama que lideró Puigdemont.

Se sientan en el banquillo por delitos de rebelión y sedición y la Fiscalía les pide hasta 11 años de cárcel. La sentencia del Supremo dictada contra los líderes políticos del 1-O no se lo pone fácil.

Repasamos quiénes son los cuatro acusados, qué papel jugaron y qué pruebas hay contra ellos.

Josep Lluís Trapero

Es el más conocido de los acusados. Durante aquel otoño de 2017 sus apariciones públicas fueron muchas. Su figura se había hecho conocida, eso sí, durante los atentados de Barcelona. Fue destituido ese mismo 2017, tras cuatro años al frente de los Mossos.

La Fiscalía ha llevado hasta 94 folios de escrito de acusación. Le otorgan una actitud proactiva durante el ‘procés’. Consideran que «contribuyó de forma decisiva para que los Mossos se pusieran al servicio del plan secesionista». E inciden en que «diseñó de forma deliberada unos mecanismos que impidieron que los agentes pudieran cumplir con las instrucciones dadas por la Fiscalía y con las resoluciones judiciales».

Se le atribuyen además, las «pautas y normas de actuación» de los Mossos durante el referéndum ilegal. Destacando la «pasividad» de éstos. Lo que facilitó la celebración de la consulta. La Fiscalía considera que también dio las órdenes para una «insuficiente dotación policial» facilitara los registros de la Consejería de Economía unos días antes del 1-O, el 20 de septiembre. Y, paralelamente, se le acusa de tener connivencia con los políticos independentistas, a quienes informaba «de las investigaciones policiales y judiciales que se estaban realizando».

Durante el juicio por el 1-O en el Supremo, Trapero aseguró que siempre había informado a los políticos de que los Mossos cumplirían la ley.

Pere Soler

Es el antiguo director de los Mossos. La Fiscalía considera, por un lado, que ideó junto a Trapero y Forn «los pasos a seguir los días previos» para garantizar que el referéndum se celebrara. «Diseñaron un plan de actuación deliberadamente ineficaz», dice el escrito de acusación.

Por otro lado, aseguran que «dio cobertura y protección» a los organizadores de la consulta. Entre ellos, a Francesc Sutrias Grau, detenido por adquirir presuntamente con dinero público material para el 1-O. «Le prometió medidas de contravigilancia e incluso una protección superior para contrarrestar la investigación judicial que se dirigía contra él».

César Puig

Era secretario general de Interior de la Generalitat. Un cargo, al igual que el de Trapero y Soler, de designación política. Según la acusación, alertó «con varios emails» al Gobierno de Puigdemont del registro que se iba a realizar en Unipost. Allí se intervinieron «miles de sobres listos para el envío».

En ellos había cartas dirigidas a ciudadanos elegidos para formar parte de las mesas electorales. «Alertaba de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitaba información a los impulsores del proceso para garantizar el buen fin del mismo», dicen en el escrito de acusación.

Teresa Laplana

Es, sin duda, la más desconocida de los cuatro acusados. Era responsable del operativo de seguridad en la Consejería de Economía durante los registros del 20 de septiembre. Intendente de los Mossos, «cooperó de forma decisiva, consciente e intencionada con los fines perseguidos por las instituciones catalanas y por las asociaciones independentistas».

Algo que impidió «el desarrollo de la diligencia judicial en las condiciones legales exigidas». Argumentan que pese a que era consciente de que se necesitaba la intervención de los Mossos, «desestimó facilitar la ayuda que le había sido requerida por la Guardia Civil».

La Fiscalía también recoge que la Policía Nacional interceptó el 26 de octubre, un día antes de la DUI, una furgoneta con tres mossos a bordo y documentación que iba «camino de su destrucción en una incineradora».

Ente los papeles se encontraban documentos que evidenciaban las «verdaderas intenciones de los mandos de los Mossos». Como era «impedir el referéndum y colaborar con los líderes independentistas en el desarrollo y culminación del proceso que habría de concluir con la independencia de Cataluña».

Publicidad

Comentarios