La manifestación del 8M ha estado en el ojo del huracán desde que saltaran los casos de coronavirus y comenzaran a multiplicarse. Sobre todo, en Madrid. Ahora, una juez investiga al delegado del Gobierno por si fue delito permitir esa concentración.

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Será la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, quien investigará al delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8M. El delito sería prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional. Y es que pese a las advertencias que había hecho días antes el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades sobre el riesgo del contagio del coronavirus, se dio luz verde a la marcha.

Fue el abogado Víctor Valladares el que presentó la semana pasada una denuncia. En primer lugar, dirigida contra el presidente Pedro Sánchez. Y también contra los delegados del Gobierno en las CCAA, así como en Ceuta y Melilla. Alegaba que no prohibieron las concentraciones multitudinarias celebradas entre el 5 y el 14 de marzo. Entre ellas, la del 8M.

Tras estudiar la demanda, la juez ha incoado diligencias previas respecto al delegado del Gobierno de Madrid. E insta al denunciante a que, si lo estima oportuno, traslade la denuncia a órganos competentes. En el caso de Sánchez, al Supremo, debido a su aforamiento.

En la denuncia se explica que hubo hasta 77 «reuniones multitudinarias» desde que el Centro Europeo avisó en su informe sobre el coronavirus. Sin embargo, la juez plantea una serie de interrogantes sobre dicho informe. Como en qué fecha se remitió «oficialmente» a España o a la delegación de Gobierno. O si en él se instaba oficialmente a prohibir dichas concentraciones.

También duda sobre si se dio orden expresa al delegado de no prohibir las manifestaciones. Entre ellas, la del 8M.

Diligencias

La juez ordena al respecto numerosas diligencias. La primera, un informe forense en el que se explique si las manifestaciones fueron susceptibles de causar «un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas». Y si es en caso positivo, «si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración».

En segundo lugar, la juez pedirá a la Guardia Civil que le de información acerca del informe del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades «en lo que a España se refiere».

En concreto, además, qué órgano recibió el informe formalmente. Y que difusión del mismo se hizo entre las autoridades. Y más concretamente si se remitió al delegado del Gobierno en Madrid.

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