Daniel Ortega ha dado una respuesta iracunda al informe crítico de la ONU con su Gobierno. El presidente nicaragüense ha decidido expulsar a los observadores.

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha decidido expulsar del país a la delegación de la ONU para los Derechos Humanos. Una respuesta iracunda a las críticas de la organización después del informe publicado hace unos días. En él, se exponía que el Gobierno y los grupos afines reprimían brutalmente las respuestas a las protestas y perseguían a los críticos.

Fue el pasado jueves cuando la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recibía una “comunicación” del Ministerio de Exteriores de Nicaragua en la que “se da por concluida la invitación extendida por el Gobierno a la OACNUDH”.

“La misión se da por ‘finalizada’ a partir del 30 de agosto”, señala el Alto Comisionado. El Gobierno de Ortega dio entonces dos días al equipo de la ONU para abandonar el país.

El Gobierno nicaragüense argumenta que “dicha invitación fue extendida con el propósito de dar acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguimiento y que, al haber cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, se da por concluida la invitación”.

La misión de la ONU llegó a Nicaragua el pasado 24 de junio y abandonaba el pasado 1 de septiembre. No obstante, ha asegurado que “proseguirá su labor de monitorear e informar sobre la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua de forma remota”. En concreto, dicen, “continuará apoyando a las víctimas, sus familiares y a la sociedad civil”.

También ha reiterado “su disposición de brindar apoyo a las autoridades para que el Estado de Nicaragua pueda cumplir con sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos”. A este respecto, ha considerado que las recomendaciones realizadas en dicho informe son “una herramienta valiosa”.

“Se espera que puedan ser aprovechadan plenamente, no solo para la superación de la crisis actual”, dicen. Lo que incluye “contribuir a la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas”. Y “también para fortalecer las instituciones y el Estado de Derecho en el mediano plazo”.

Informe crítico

El informe que propiciaba la salida de la ONU de Nicaragua analizaba lo ocurrido desde el pasado 18 de abril. Fue entonces cuando estallaron las protestas contra Ortega. El detonando fue una polémica reforma de la seguridad social, pero rápidamente se ampliaron hasta exigir la “democratización” del país.

Desde entonces, más de 300 personas han muerto en las revueltas. Y la ONU no ha dudado en achacarlo a la gestión presidencial.
Daniel Ortega, por su parte, dejaba claro en un comunicado no estar de acuerdo con el informe. Ni con el contenido ni con las recomendaciones del mismo. Argumentaba que estaban “basadas en informaciones parcializadas y subjetivas”.
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